Créditos Imagen : Foto: Poder Judicial
Por Andrés López, En Estrado
Lya Cabello expuso ayer en un seminario, donde también señaló que desde el inicio de la pandemia han salido de las cárceles 13 mil internos por distintos motivos.
“En una sociedad como la nuestra, que ve la reclusión como la única manifestación relevante de control estatal del fenómeno delictual, su número cada vez es mayor y como consecuencia de ello se torna peligroso desde los distintos ámbitos. Desde que sus condiciones de hacinamiento impiden otorgar un trato digno y adecuado a su condición de persona -lo que hoy ha permitido que aumente a niveles inmanejables los riesgos de contagios-, hasta la imposibilidad de desarrollar actividades que permitan su reinserción social”.
Esa fue una de las reflexiones que realizó ayer la fiscal judicial de la Corte Suprema, Lya Cabello, en el seminario realizado vía Zoom denominado “Proyecciones y Reflexiones sobre la Cárcel”, el que fue organizado por Leasur y el Instituto de Segurança Humana para América Latina y el Caribe.
Su exposición ocurrió horas después de que Gendarmería confirmara la primera muerte de un recluso por Covid-19 y en esta apuntó a que en nuestra sociedad está arraigado el concepto de que la cárcel es “la única solución posible frente a cualquier conducta indebida, tenemos en estos tiempos de crisis, ejemplos claros y diarios de la reacción pública pidiendo aumento de pena y la obligatoriedad de la aplicación de cautelares restrictivas de libertad (…). No solo la reacción pública por la eventual salida al medio libre de personas recluidas, sino la petición de ingresar a nuevos infractores, como son, por ejemplo, quienes incumplen el toque de queda o la cuarentena, demuestra que se ha internalizado como única solución a cualquier tipo de incumplimiento de norma, la reclusión indiscriminada en recintos penitenciarios”.
Al final de su exposición manifestó que “todo indica que las reducciones presupuestarias que acarreará la crisis económica sobreviniente a la pandemia afectarán especialmente al sistema carcelario chileno, contribuyendo a la consolidación de la marginación social de los reclusos y su entorno familiar. En tales condiciones, resulta imperioso adoptar umbrales para la protección de los derechos de los reclusos, que consigan mitigar esta consecuencia de deterioro o, al menos, de persistencia de los ya precarios estándares que han regido”.
Número de reos liberados
La fiscal del Máximo Tribunal también entregó una serie de estadísticas de liberación de reos desde el inicio de la pandemia, las que engloban cambios de medidas cautelares, libertades condicionales y la aplicación del indulto conmutativo a raíz del Covid-19, entre otras razones.
“Desde el 28 de marzo al 31 de mayo, según datos de Gendarmería, se han liberado 13.321 personas. Pero se mantienen 39.677 personas privadas de libertad”, relató y agregó que, de total de liberados, 7 mil estaban condenados y 5 mil imputados, aproximadamente.
También explicó que el personal de Gendarmería se ha visto afectado por la pandemia y apuntó su mirada crítica a las restricciones de visitas impuestas a los reclusos. “Las medidas en las cárceles, en cuanto a restricción de visitas, traslados, etc., ponen de manifiesto, con mucha claridad, el concepto y el trato que otorgamos a las personas privadas de libertad, considerándolos por debajo de la dignidad o de los derechos que atribuimos a los individuos”, dijo.
