En Estrado.
La semana pasada, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) realizó su cuenta pública 2020, instancia en que expuso los avances en la defensa de organismos estatales en materia civil, su rol como querellante en casos de violencia institucional o violaciones a los derechos humanos, en casos de corrupción, daño medioambiental y patrimonial.
Al 31 de diciembre, el organismo tenía a su cargo un total de 34.131 asuntos vigentes, entre ellos, 13.412 juicios que, en su dimensión patrimonial, representan un monto equivalente al 7,4% del PIB de ese año. En los juicios ejecutoriados durante 2020, evitaron condenas equivalentes al pago del 84,7% de los montos demandados al Estado, lo que equivale a 559 millones de dólares.
En cuanto a las 293 causas civiles y penales patrimoniales finalizadas en el período –en que el CDE actuó en calidad de demandante–, logró que en el 80,9% de los casos, 237 juicios, se condenara a pagar la totalidad de los montos demandados. También mantuvo un positivo porcentaje de éxito en la defensa de asuntos que no poseen una dimensión patrimonial, especialmente, aquellos referidos al resguardo y protección de las atribuciones y potestades legales de los organismos del Estado. “Las defensas con que enfrentó recursos de diversa índole presentados ante distintos tribunales del país lograron un 83% de fallos favorables al interés público, aportando, de este modo, al resguardo y respeto de la Institucionalidad y del Estado de Derecho”, subrayó su residente Juan Peribonio.
Respecto de acciones constitucionales presentadas en el marco de la pandemia, el Consejo asumió la representación de autoridades y/u organismos públicos en 207 de 604 recursos. En las acciones finalizadas en 2020, sus defensas alcanzaron un 98% de efectividad, pues sólo ocho acciones fueron acogidas con decisiones desfavorables al Estado. “Los resultados obtenidos por el CDE colaboraron a garantizar la continuidad de las medidas decretadas por el Ministerio de Salud para controlar la crisis sanitaria”, indicó.
Corpesca y caso Led
En su discurso, el Presidente se refirió a la participación del Consejo en importantes juicios que concluyeron el año pasado o en que se están investigando delitos de corrupción. Respecto de la sentencia dictada en el caso Corpesca, subrayó que “en los tres capítulos por los cuales el Consejo presentó acusación particular se obtuvieron condenas. Interpuso cinco querellas criminales y fue el primer interviniente en querellarse en 2015, acción que permitió interrumpir alegaciones que buscaban la prescripción de delitos que entonces comenzaban a investigarse”.
Asimismo, dio cuenta de la activa participación del Organismo en investigaciones sobre delitos que afectan a distintas municipalidades del país. Uno de esos casos corresponde a la indagatoria sobre licitaciones públicas irregulares mediante las cuales se contrató a la empresa Itelecom para el recambio y mantención de luminarias, en que el CDE ha interpuesto cinco querellas criminales. También se refirió a la participación del Consejo en investigaciones sobre reiterados delitos que afectan a la Municipalidad de Tierra Amarilla, en la Región de Atacama. “A la fecha –señaló– ha interpuso cinco querellas criminales y tres ampliaciones en cinco juicios en que se investigan a alcaldes y funcionarios concertados con particulares y a personas jurídicas en delitos de fraude al Fisco, cohecho, soborno y negociación incompatible”.
Caso Catrillanca
En su cuenta pública, el CDE destacó la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol, ratificada recientemente por la Excma. Corte Suprema, en que se condenó a ex efectivos de Carabineros por ser responsables del lamentable homicidio del comunero Camilo Catrillanca. “El Consejo valora la sentencia que condenó con todo el rigor que corresponde a los responsables de este homicidio, quienes, además, agravaron sus acciones concertándose y ocultándolas, conductas que provocaron profunda conmoción pública y un enorme daño a la reputación y el trabajo de Carabineros de Chile”, indicó.
Asimismo, el Presidente se refirió a la decidida acción del Consejo en aquellos casos ocurridos en el contexto de las movilizaciones sociales, en que los antecedentes contenidos en las investigaciones le han permitido formarse la convicción que existen hechos constitutivos de delito y participación de funcionarios del Estado.
“En noviembre de 2019, el Consejo presentó la primera de 19 querellas y de cuatro ampliaciones interpuestas hasta la fecha por estos delitos, acciones que ha concretado tras un riguroso análisis de los hechos en cada caso, conforme con los antecedentes contenidos en las carpetas investigativas y el avance de las indagatorias. Nuestra acción ha sido seria, acuciosa y responsable: en las investigaciones en que participa mediante querellas criminales se ha formalizado a 51 imputados, lo que equivale a un 43,2% de los funcionarios formalizados informados por el Ministerio Público en abril de este año”, afirmó.
Simultáneamente, el CDE persiguió la responsabilidad penal de quienes han dañado bienes públicos. Hasta abril, se habían interpuesto 111 querellas por estos delitos a lo largo del país, de las cuales, 46 se refieren a daños ocasionados a cuarteles policiales y militares.
“El ejercicio de nuestras atribuciones penales en estos casos reviste especial importancia, dado que no existe otro organismo público que pueda instar por la persecución penal de este tipo de hechos que provocan un negativo impacto en las comunidades en donde se han ocasionado los daños”, explicó el presidente.
Protección del medioambiente
El Consejo se enfocó también en la reparación de daños provocados al medioambiente y la protección del patrimonio natural, histórico y cultural del país. Las demandas presentadas en el período registraron un crecimiento del 75%, en comparación con el año anterior, y se suscribieron cuatro relevantes acuerdos de transacción judicial que permitirán disponer de óptimas condiciones para reparar y/o compensar el daño provocado a ecosistemas cordilleranos y marinos.
Los avenimientos, autorizados por el Primer Tribunal Ambiental, se materializaron en el marco de las demandas de reparación presentadas por el CDE contra Codelco División Salvador, Compañía Minera Nevada y Compañía Contractual Minera Candelaria.
“A través de un trabajo conjunto con el Tribunal Ambiental, se logró robustecer la propuesta de transacción presentada por Codelco División Salvador para la reparación del daño ocasionado al Salar de Pedernales, añadiendo otras seis medidas que interpretaron el propósito central de la demanda fiscal que es la necesidad de conjugar el desarrollo sostenible con el cuidado del medioambiente que, en este caso, se traducirá en un beneficio permanente para la comunidad de El Salvador”, sostuvo el Presidente Peribonio.
Asimismo, destacó el acuerdo alcanzado por el Estado de Chile y Compañía Minera de Fosfatos Naturales Ltda., “el resarcimiento de daño ambiental más provechoso obtenido por el Consejo en beneficio de una comunidad local”, subrayó. Luego de 15 años de litigio, el avenimiento preservará yacimientos de sedimentos fósiles de gran valor científico, ubicados en el Parque Paleontológico de Caldera, en la Región de Atacama.
En cuanto a la protección de la biodiversidad marina, el Consejo presentó en noviembre una demanda de reparación ambiental contra una empresa cuyo actuar negligente ocasionó la fuga de más de 690 mil salmones, como consecuencia de la falta de adopción de los resguardos que exige el desarrollo de esa actividad productiva. También, ejerció sus atribuciones penales para esclarecer la responsabilidad de la salmonera Nova Austral S.A., contra quien se querelló por el delito de fraude de subvenciones en contra del Estado, acción que posteriormente amplió contra la persona jurídica de la empresa, fundada en el delito de daño ambiental previsto en la Ley General de Pesca y Acuicultura.
Monumentos nacionales
La persecución penal de los daños ocasionados a bienes públicos que poseen la condición de Monumentos Nacionales también constituyó una tarea prioritaria en 2020. Hasta fines de abril pasado, el Consejo había interpuesto 17 querellas criminales por delitos cometidos en el marco de las movilizaciones sociales para obtener las condenas de quienes, impunemente, han atentado en contra de los Monumentos que simbolizan la identidad, la cultura y los valores del país a lo largo de su historia.
Asimismo, interpuso una demanda indemnizatoria por alrededor de 500 millones de pesos por el daño ocasionado a piezas que poseen la condición de Monumentos Nacionales, encontradas en poder del empresario de la región de O’Higgins Raúl Schüler. La acción se añadió a dos querellas interpuestas previamente por el Consejo para determinar su responsabilidad en graves delitos contra el patrimonio.
Al concluir su discurso, el Presidente Juan Peribonio se refirió al proceso constituyente que ha iniciado el país, con el cual el Consejo, señaló, se siente profundamente comprometido “porque su destino es el bien común de nuestra Nación”. En ese sentido, indicó que “desde nuestro rol, contribuiremos a garantizar las condiciones necesarias para que este histórico proceso se desarrolle con éxito y normalidad. El Consejo de Defensa del Estado seguirá velando por el resguardo de la Institucionalidad, la defensa de las potestades y atribuciones públicas, la protección del patrimonio fiscal y la defensa de los Derechos Humanos, que conforman los pilares fundamentales del Estado de Derecho en nuestro país”, finalizó.
