Se trata de Raúl Rojas Nieto, condenado por el caso Caravana de la Muerte a 7 años, y Víctor Mattig Guzmán, sentenciado a 10 años de cárcel por secuestro calificado.
Andrés López Vergara, En Estrado.
“Con pesar y molestia, pero sin asomo de sorpresa, hemos visto que la autoridad ejecutiva del país, encarnada en la figura del Presidente de la República, ha insistido en el indulto como mecanismo para que criminales de guerra y lesa humanidad evadan las penas que han sido impuestas por los tribunales de la República”.
Así parte una carta firmada por 38 abogados de DD.HH. para mostrarse en contra de la decisión del gobierno de indultar a Raúl Rojas Nieto, condenado por el caso Caravana de la Muerte a 7 años, y Víctor Mattig Guzmán, sentenciado a 10 años de cárcel por secuestro calificado. El primero de ellos estuvo tres años internado en el Hospital Militar.
“Si bien el indulto es un instrumento que existe en nuestro ordenamiento jurídico, el Sr. Presidente no está obligado a utilizarlo, lo que denota que en estos casos, existe una evidente inclinación para con estos individuos, quienes ya fueron beneficiados en su anterior mandato, y que hoy, pese a los privilegios en el cumplimiento de sus penas, contando con todos los recursos para la cautela de su salud y demás derechos constitucionales, recurren a una autoridad que escucha atentamente sus ruegos de piedad y humanidad, lo que contrasta con la sordera que la misma autoridad ha mostrado frente a las víctimas de la violencia estatal desatada desde el 18 de octubre del año recién pasado, de las naciones indígenas violentadas por grupos ultras, y de las capas populares empobrecidas en el letargo de la política pública”, señalan.
Agregan que “como abogados y abogadas suscribientes de esta declaración, manifestamos nuestro más categórico rechazo a esta medida presidencial, la que bajo un nuevo manto de impunidad, vulnera la memoria de las víctimas, el sufrimiento y la lucha incansable de sus familiares, y el titánico esfuerzo de profesionales, activistas, jueces y juezas que mediante el ejercicio del derecho han buscado restablecer el equilibrio roto por las atrocidades cometidas por estos criminales, quienes actuaron amparados por el Estado y que hoy, bajo argumentos de humanidad y en atención a su vejez, pero sobre todo en el recaudo de su poder y sus grupos de apoyo, persiguen su definitiva liberación”.
Manuela Royo, Cristián Cruz, Karina Fernández, Loreto Meza, Adil Brkovic, Alberto Espinoza y Karina Riquelme, están dentro de los profesionales que firmaron la misiva.
“Es imperativo que el Estado de Chile realice las modificaciones legales necesarias para dar pleno cumplimiento a las obligaciones de verdad, justicia, reparación y no repetición, de modo que decisiones parciales como esta no burlen los avances que con mucho esfuerzo se han conseguido. Las y los suscribientes de este comunicado no cesaremos en nuestro empeño para que estos objetivos se cumplan, por lo que instamos a que la autoridad no sea un obstáculo para esta tarea”, finalizan.
Declaración abogados y abogadas por indulto a crim (1) (1)
