26 mil procesos suspendidos de un total de 917 mil: el informe que revela el impacto de la pandemia en los juzgados civiles

Ago 20, 2020 | Actualidad

Investigación fue realizada por el magistrado del 22° Juzgado Civil de Santiago, Pedro García.

Andrés López Vergara, En Estrado.

El impacto de la pandemia en la justicia civil chilena y el rol de la Ley de Tramitación Electrónica y la Ley  21.226 en las causas, son algunos de los temas que aborda el juez del 22° Juzgado Civil de Santiago, Pedro García, en el informe “Justicia  civil chilena en tiempos de Covid”.

Según un comunicado del Poder Judicial, la investigación, que forma parte de un proyecto ejecutado en conjunto con el Programa de Reformas Procesales de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile, ofrece además una visión sobre los desafíos jurídico-sociales de algunos procedimientos a la luz de la experiencia comparada.

En su artículo, el magistrado indica que al 30 de junio de este año, el número de procesos civiles cuyos términos probatorios se encuentran suspendidos en razón del artículo 6 de la Ley 21.226  alcanza solo a 26.205 a nivel nacional, en un universo de 917.438 . Así, se advierte que la elección del legislador de suspender una etapa determinada no ha tenido un alcance cuantitativamente relevante, probablemente debido a que los litigantes, al contar con herramientas de acceso electrónico, no se han visto limitados para seguir el curso de sus causas y requerir la resolución de sus procesos.

“Pese a lo anterior, existen variables que parecen no haber sido debidamente sopesadas por el legislador al momento de la dictación de esta legislación de emergencia. Así, por un lado, parece no haber garantía ni certeza acerca del acceso a medios tecnológicos de parte de todos los usuarios, lo cual es particularmente problemático para aquellos que se valen de servicios de asistencia jurídica gratuita o que pertenecen a grupos vulnerables de la población. Por otro lado, las medidas adoptadas parecieran no haber abordado de manera suficiente los efectos perniciosos socioeconómicos que la contingencia sanitaria actual ha ocasionado en el público”, indica en una de sus conclusiones.

Agrega que “del mismo modo, es necesario evaluar la adopción de medidas que tiendan no solo a maximizar la eficiencia adjetiva de los procedimientos judiciales, sino también la salud del orden económico de la sociedad y de sus integrantes. Así, medidas como la suspensión o prórroga lanzamientos, la detención en el cobro y ejecución de créditos hipotecarios, o la detención en la obligación del deudor de declararse en insolvencia, entre otras, parecen útiles para morigerar las devastadoras consecuencias sufridas por quienes tienden a ser el sujeto pasivo en muchos de los procesos substanciados ante los tribunales de la república. Junto a lo anterior, y cuidando no afectar a poblaciones vulnerables, parece útil propender, por un lado, a la utilización de medios electrónicos en aquellas jurisdicciones y procedimientos que aún no lo implementan, y por otro lado, a la adopción de medidas adjetivas que permitan modular las cargas de trabajo existentes antes, durante y con posterioridad al estado de excepción, en aras de garantizar la debida administración de justicia y la defensa de las garantías e intereses de las partes”.

Respecto de las medidas adoptadas y la carga de trabajo de los tribunales durante este periodo de contingencia sanitaria, el juez García señaló que “existen medidas procesales que tienen un alto impacto en la percepción que las personas tienen de la forma como se avanza en los procesos que les afectan, como ocurre con lanzamientos en casos de juicios de arriendo y otras de naturaleza sustantiva referida a las cuantías o a los plazos de vencimiento de determinadas obligaciones que constan en títulos ejecutivos”.

En ese sentido, estima que en base a la experiencia comparada y una vez que cese el estado de excepción, los medios alternativos a la solución de conflictos, “podrían optimizar la solución de fondo y no una actividad procesal transitoria o limitada como se advierte en la tramitación de causas masivas, que han sido las de mayor variación en este tiempo”.

Pedro_García_-_Informe_de_la_Justicia_Civil_en_tiempos_de_COVID

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