Créditos Imagen : UDP.cl
Malú Urzúa, En Estrado.
Obsesionado con el tema, el abogado Mauricio Duce, académico de la UDP y director de Espacio Público, viene estudiando desde el 2013 el fenómeno de los acusados que resultan ser inocentes.
Investigó razones y manifestaciones, y ahora está abocado a cómo corregir los errores del sistema y las reparaciones que podrían entregarse a quienes han pasado por estas situaciones. Respecto a esto último, llegó a la siguiente conclusión: “Si me preguntas si una persona tiene chance real de ser indemnizada por un error, no la tiene. El asunto es interpretado con un estándar tan alto que sólo cabe para casos muy groseros. Es extremadamente débil la respuesta para quienes han sufrido estos daños, y hay que repensar esos mecanismos. Hay que hacerse cargo de los errores. Meter a alguien a la cárcel injustamente debe tener un costo”.
-¿Cómo poder medir el fenómeno, cuál es la tasa adecuada y en cuánto estamos en Chile?
-Cuantificar la tasa de error es dificilísimo. Hay muy poca información a nivel comparado, más allá de la evidencia anecdótica. No hay cómo compararlo. Todos creen que son casos contados con las manos, pero es mucho más. Quienes más evidencia han generado, también porque tienen una base de datos muchos años, son los estadounidenses. Analizando sólo los delitos más graves, han evidenciado un 4.1%. Otros estudios se mueven entre 3% y 5%. Si consideramos que los países donde más se invierten esfuerzos son los delitos más graves, en todos podemos proyectar una tasa muy superior. Del registro nacional de exoneraciones de EE.UU. también se pueden deducir cosas. Ahí vemos desde 1989 a la fecha, cerca de 2.700 casos de personas condenadas que fueron exoneradas, inocencias acreditadas por AND y también por otras vías. Cualquier forma de contar el fenómeno, en todo caso, es sólo la punta del iceberg.
Agrega: “En la justicia penal hay enormes barreras para botar una condena que esté a firme. La posibilidad de que un caso sea declarado inocente, aun cuando lo sea, es bajísima. Hay barreras naturales de acceso a estos recursos. Te ponen a ti la carga de que eres inocente. Tienes tú que acreditarlo de manera fehaciente, y eso es casi imposible. En Chile ni siquiera tenemos un registro sistemático de las muestras biológicas pasados 5 años. Vi los recursos de revisión del sistema acusatorio entre 2007 y 2016, y de 600 solicitudes de revisión la corte acogió 48 casos, que es más o menos el 8%. Pero incluso, lo que llega a revisión es muy poco, sólo casos muy evidentes tienen esa posibilidad”.
-¿Qué otras dificultades hay?
-Otro problema que está asociado, y que los estadounidenses han estudiado, son las imputaciones erróneas. Casos en que se llevó adelante una investigación penal, si es que estuvo en prisión preventiva y terminó salvándose al final del proceso, y muchos de los factores que generaron la imputación podrían haberse corregido con alguna diligencia durante la investigación; personas que desde el primer minuto dijeron ser inocentes, que se someten voluntariamente al ADN y que están 4 o 5 meses en prisión preventiva hasta que llega el resultado y dice “esta persona no tiene nada que ver”. El ADN se demora 4 meses. El tema acá es la diligencia del sistema, y eso tiene que ver con la prioridad que se le da a esto. Eso, sumado a que muchas veces el ADN se ocupa para confirmar algo que los investigadores creen. Y se toman cuatro meses en esto.
“La Defensoría Penal Pública ha venido elaborando una estadística, pero ellos dicen que toda persona que estuvo en prisión preventiva y que fue absuelta, es un inocente maltratado. Y tú dices: no, hay casos en que el que sistema actuó más menos diligentemente y se pudo establecer la inocencia. Ahí, desde algún punto de vista esto es un éxito. Preso es igual a daño. Pero eso tiene que ver con las indemnizaciones. Hay que meter matices en a esto. Pero sobre la base de esa idea (de la DPP), año 2019, del total de personas en prisión preventiva que no fueron condenadas -jurídicamente inocentes-, para que el error juegue contra mío voy a tomar sólo los casos que estuvieron más de 15 días en prisión preventiva. Bueno, el 2019 se trató de 1.871 personas, y 524 de ellas estuvieron más de 6 meses. Puedo seguir siendo deferente, ya, pero el problema es que realmente no todos son casos de error. Operando con el margen conservador del 3%, tuviste a 57 personas de error. Si es 5%, tuviste a 90 personas privadas de libertad más de 15 días al año. El tema es que los efectos que genera tanto para el uno como para el otro, son igualmente devastadores. Destruiste su vida. En definitiva, lo que vemos es suficientemente serio para tomar más cuidados de los que hemos tomado hasta ahora”, plantea Duce.
-¿Cuáles son las causas?
-Bueno, con esta evidencia que sugería que podíamos tener un problema. Me puse a investigar qué causas estaban descritas, entender esos factores y ver si se daban en Chile. Una de las cosas es que hay son prácticas de los actores que aumentan probabilidad de error. Hay consenso de seis factores básicos que lo explican: Uno es el excesivo peso que se le da a los reconocimientos oculares como prueba incriminatoria. Ahí tienes set de fotos, rueda de reconocimiento, o exhibición de la persona y tú dices sí o no, algo que se usa mucho en Chile. Mi investigación demuestra que este es el principal formato en que se hacen los reconocimientos en nuestro país. Eso ya te prende luz de alerta. La experiencia comparada dice que los reconocimientos son mucho menos confiables de lo que uno cree. Eso se explica por razones de cómo funciona el cerebro y las dificultades para reconocer si estás muy estresado, si el evento fue muy rápido, si estaba más oscuro. Hay un conjunto de elementos de percepción que afectan. Y, además, somos malos para identificar rostros. Hay que agregar que -y esto es algo sobre lo que no existe debate- los procedimientos para reconocimientos deben ser muy acuciosos para ser confiables: cómo construir la ruedas de persona, qué palabras decir, el número de personas que deben haber, cómo se registra toda información. Son variables que hacen perder la confiabilidad o que la fortalecen. En mi investigación me di cuenta que es habitual que en Chile no cumplamos con los protocolos básicos. Principalmente para robos.
-¿Y la fiabilidad de los peritajes?
-Lo segundo es el uso que se hace de la prueba pericial, que es poco confiable. El sistema usa la prueba pericial con poco sustento científico. Están ahí, por ejemplo, los analistas de marcas de mordedura, los del análisis microscópico de pelo, las pruebas caligráficas; incluso temas de huellas dactilares, que es una disciplina antigua, no presentan los niveles de validez que se dice que tienen. No se maneja en el 100% de certeza. Hay una subjetividad de los analistas para decir si hay match o no. Hay también evidencia que muestra que los peritos dicen cosas en juicio que no tienen soporte en su propia disciplina. Y luego, evidencia de que los jueces usan criterios no racionales para valorar la prueba pericial, además de abogados muy poca capacidad de cuestionar el contenido que presentan los peritos. En Chile se dan esos problemas, y tendemos a usar mucha prueba pericial poco confiable.
-Otro tema son las confesiones…
-Un tercer factor son las confesiones falsas. Hay una enorme cantidad de evidencia científica que dice que bajo ciertas condiciones, incluso sacando la situación más obvia de la tortura, no es poco frecuente que una persona confiese un delito en que no tuvo que ver. Hay en todo caso un tipo de confesión diferente, que es el acuerdo que presta el imputado en procesos negociados, donde tiene que reconocer responsabilidad a cambio que el fiscal le dé un poco menos de pena que la que pediría ante un tribunal oral. Y ahí hay muchos incentivos para negociar, y más si a los imputados les pones presión. De todas maneras, es verdad que el juicio siempre es un albur… Pero el hecho es que los fiscales hacen ofertas muy atractivas y entre que los defensores muchas veces no tienen tiempo de estudiar los casos y que los imputados tampoco entienden muy bien, muchas veces se llega a salidas negociadas en primera audiencia. Y esas son la mayor cantidad de condenas en Chile. Ahí, salvo que aparezca algo muy potente, es muy difícil llegar a una revisión de la Suprema.
Agrega: “Otro factor es el peso que juega en esto son los testigos falsos o poco confiables, alguien que mintió o se equivocó y el sistema no tuvo capacidad de discriminar bien frente a esa declaración. También está el mal comportamiento del sistema persecutor: ocurre lo que se llama ‘visión de túnel’, en que no se chequea la información que apunta a la inocencia, y ahí también hay que decir algo sobre el mal trabajo de los defensores. Bueno, en general no hay un solo factor que explique el fenómeno. La mayoría de los casos son una mezcla. Por eso yo no hablo de errores judiciales, hablo de problemas del sistema”.
-¿Se necesitan reformas legales?
-Hay reformas legales que se pueden hacer, pero no creo que sean lo más central. Hay mucho problema de política pública, capacitación, entrenamiento, incentivos. Por eso, el primer paso es tener evidencia empírica que muestre el problema, para tomar conciencia de esto. Hay gente que se está empezando a sensibilizar y nosotros tenemos recién los primeros datos.
-¿Se aplican realmente sanciones a Carabineros, PDI u otros agentes del Estado que hayan hecho mal su trabajo?
-Es que probablemente un porcentaje pequeño de las actuaciones se deba a un comportamiento explícito, Más bien se trata de prácticas poco rigurosas. Creo que esto es más un problema sistémico. No hay una relación lineal entre error-mal comportamiento-sanción. El tema central acá es conversar medidas para prevenir las situaciones de las que estamos hablando; o sea, disminuir lo más que se pueda los factores que aumentan probabilidad de que ocurra un error.
