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En entrevista con En Estrado, el saliente miembro del Máximo Tribunal cuenta su recuperación tras contagiarse de Covid-19, su evaluación del sistema de justicia y los requisitos para generar cambios en este a raíz de la pandemia.

Andrés López Vergara, En Estrado.

“Este año la pandemia impidió la realización de alguna despedida, oficial o de camaradería, que es lo que se estila. Recibí, sí, muchas y cariñosas comunicaciones, de todo el país y de dentro y fuera del Poder Judicial; además del Acta N° 52 del Pleno de la Corte Suprema, que dejó constancia, en términos muy deferentes y cariñosos también, de la actividad que realicé en el Poder Judicial, tanto jurisdiccional como extrajurisdiccional”.

Así define su salida de uno de los asientos del Pleno del Máximo Tribunal, el exvocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas. Una larga trayectoria, de toda una vida, integrando todas las instancias, resolviendo casos complejos, siendo ministro en visita, en fin, un protagonista dentro de la judicatura.

Integrante histórico de la Segunda Sala Penal tuvo un rol activo como la voz del Pleno ante los medios de comunicación. Directo y explicativo, respondía todo. Incluso, durante sus últimos meses propuso que el nuevo presidente fuera electo a través de una votación, para no seguir con la regla implícita de que la antigüedad en el cargo debía primar en la designación. Postuló, pero no tuvo éxito. Sin embargo, dejó en claro que era un cambio necesario y el debate se instauró.

El 1 de abril dejó la Corte Suprema y los contagios del Covid-19 aumentaban. Él fue uno de los que contrajo el virus y tras un tratamiento, hace un mes logró vencerlo. Ahora, en conversación con En Estrado, Lamberto Cisternas hace un balance, cuenta su experiencia y se refiere al cambio a la Constitución.

-¿Cómo ha sido desde el punto de vista personal y profesional haber dejado el Poder Judicial?

-Cumplí casi treinta y siete años en el Poder Judicial; antes estuve diez años en la Dirección del Trabajo y cuatro en el ejercicio libre como abogado. Con ese dato se puede dimensionar la importancia y el impacto en ambos aspectos -personal y profesional- tanto de haber vivido en el Poder Judicial como del término formal de esa relación. Felizmente sabía la fecha de término –el uno de abril-, por lo que me preparé para ello con anticipación, haciéndome a la idea de no volver más a la Corte como ministro, dejando terminados diversos cometidos a mi cargo, despidiéndome de los tribunales y de las personas con quienes mantuve mayor vinculación, organizando mi vida personal a ritmo más calmado y cercano; de modo de hacer natural y llevadera la desvinculación, como ocurrió realmente. Guardo profundo agradecimiento al Poder Judicial como institución, a quienes laboran en todos sus escalafones y en todo el país, en la Corporación Administrativa, en el Bienestar y en la Academia Judicial.

-¿Qué proyectos tiene a futuro? ¿se dedicará al ejercicio privado de la profesión o tomará otro rumbo?

-No es fácil perfilar caminos de futuro en este momento, por la situación que se vive. Hablando en borrador, creo –obviamente puedo cambiar de opinión más adelante- que no estaré en el libre ejercicio en pleitos. Me inclino sí a pensar en asesorías y arbitrajes. En cuanto a la docencia, a la que me dediqué intensamente en algún período y en varias universidades, me atrae retomarla en nivel de postgrado. Desde luego estoy preparando algunas actividades de esa índole.

-¿Cómo fue su experiencia tras contagiarse con Covid-19? ¿Qué dificultades enfrentó? ¿Lo cambió haber pasado por esa enfermedad?

-Fue muy impactante, en especial porque mi sensación era estar cursando un resfrío común, que traté de combatir de manera tradicional, ya que no tenía los síntomas de que se hablaba en todas las informaciones, hasta que llegó el intenso dolor de espalda y la dificultad respiratoria. Una conversación telefónica con el doctor que nos atiende, en que me destacó que mi voz y conversación no era la habitual, me derivó al examen y antes de tener el resultado, una segunda conversación telefónica me derivó a la clínica, donde estuve doce días, con tratamiento bien intenso. Mi familia se movilizó de inmediato, con expresiones permanentes de su cariño, las que se sumaron a la de muchos colegas y amigos que me hicieron llegar sus expresiones de ánimo y sus oraciones.

-¿Le hizo replantearse cosas?

-La oportunidad fue propicia para la reflexión calmada frente a la vida y a la fragilidad que muchas veces enfrentamos en cualquier ámbito, lo que me permitió retomar y reforzar una visión de conjunto de los fenómenos que vivimos nosotros y la sociedad, entendiendo mejor el sentido del respeto y de la solidaridad.

Nueva Constitución

-Desde su perspectiva actual como ciudadano ¿mantiene su idea de que es conveniente un proceso deliberativo para una nueva Constitución?

-Mantengo lo que dije el 30 de octubre del año pasado; es decir que es necesario –para tomar realmente en cuenta el insistente clamor ciudadano- efectuar un debate serio para darnos una nueva Constitución. Con ello se responde positivamente a ese clamor, se recogen las experiencias que nos ha dejado la aplicación de la actual carta y se puede incorporar las nuevas aspiraciones, que son fruto de la evolución de la sociedad en todos sus aspectos. Para decirlo en breve y en lenguaje actual, estoy por el Apruebo.

-¿Cuál es la situación del país según su perspectiva?

-Independientemente de la pandemia, que es un tema al que creo no me corresponde aludir en esta entrevista, la situación actual me parece muy seria y compleja. No se le proponen al país metas claras, comprensibles y que unan a sus habitantes, menos aún derroteros a seguir. La falta de respeto es evidente. La unidad suele estar sujeta a condiciones que más bien parecen obstáculos y que terminan impidiéndola. Predomina la lógica del blanco o negro, sin matices, y siempre se imputa al otro la responsabilidad de lo malo, sin reconocerle nada positivo en su actuar o en su propuesta. Y cada cuestión, por pequeña que sea, es objeto de grandes discusiones y de extrema difusión, olvidándose lo fundamental. En síntesis, se ha olvidado que la base de la democracia es el debate responsable y razonable.

El exmagistrado continúa: «Por otra parte, no se deja funcionar –o se intenta que no funcionen- las instituciones, para que puedan demostrar su capacidad de respuesta, de manera que si se constata que no la tienen sean sometidas a las reformas pertinentes en forma rápida. Así, por ejemplo, si se pide algo que puede no gustar o contrariar un sentir tradicional, mediante un recurso de protección, luego de presentar todos los argumentos, con o sin publicidad, si la decisión merece objetarse hay que apelarla y si esta decisión se repite hay que intentar la modificación legal, la que puede resultar o no. Y en este último caso, entender que no se da la voluntad soberana para cambiar lo decidido o el estatuto vigente. Algo parecido sucede con la presentación de proyectos de ley que un sector estima inadmisible; y con el actuar de instituciones creadas con fines de lucro y que ahora nos parece –o le parece a un sector- que no deben tenerlo; por citar algunos ejemplos. Creo, finalmente, que Chile clama por líderes, por metas que aúnen voluntades con sentido de futuro y por propuestas serias que señalen caminos de acción».

Evaluación del sistema de justicia   

-¿Qué le falta a la Reforma Procesal Penal?

-En mi opinión la Reforma Procesal Penal ha sido exitosa y consagró avances que permiten afirmar que sus procedimientos nos han acercado claramente al debido proceso. Necesita, sí, contar con un mecanismo debidamente regulado para revisarlos periódicamente y efectuarles los ajustes técnicos que se vayan haciendo necesarios. Hace poco tiempo participé en una comisión en la Corte Suprema que informó al Ministerio de Justicia una propuesta de modificaciones de ese orden, cuyo destino final no conocí. Este sistema necesita, también, ser explicado a la comunidad constantemente, para que ésta, que mira al delito y al delincuente con una severa intención de castigo, entienda las limitaciones que deben respetar las policías, los fiscales y los jueces, así como la labor de la Defensoría que es esencial en un debido proceso. A todo lo cual sumo la exigencia de un esfuerzo permanente de mejora de la gestión para que la justicia sea realmente pronta en su acción.

-¿Y en relación con el sistema de justicia en general?

-En cuanto al sistema de justicia en general, destaco la importancia de acentuar los esfuerzos por acercarlo a la comunidad, para que lo entienda y lo tenga como un servicio abierto a todas las personas y grupos que la integran, en la práctica de todos los días, más allá de las declaraciones o de las buenas intenciones. También la necesidad de incrementar el respeto por las personas, de dentro y de fuera del sistema judicial; quiero decir que, por ejemplo, no parece aceptable que un empleado esté sumariado -e incluso suspendido de sus funciones- por largos meses, o que un ciudadano deba esperar meses para la respuesta a una solicitud, respuesta a que tiene derecho, o al menos a recibir una explicación.

-¿Esta pandemia cambiará para siempre los procedimientos en el Poder Judicial? ¿se tendrán que realizar reformas para adecuarlo a este nuevo escenario?

-Parece un poco prematuro realizar un diagnóstico de ese tipo. El Poder Judicial viene caminando desde hace ya tiempo en la conexión remota con los tribunales, tanto en los reformados –en aspectos específicos- como en los no reformados, que son los civiles y que han sido principal objeto de la aplicación de la ley de tramitación electrónica y de la implementación de la oficina judicial virtual; a lo que se suma el uso ya generalizado de la página web para seguir la tramitación de las causas. En las cortes, también hace un tiempo, se autorizan alegatos desde lugares diferentes a su sede. Lo definitorio para eventuales cambios de procedimientos está en la consideración de algunos principios básicos que deben respetarse. Me detengo en cuatro: debido proceso –esto es, en síntesis, que las partes sean escuchadas oportunamente en todos los estadios del proceso, que puedan presentar pruebas y cuenten con recursos efectivos-; inmediación –que el juez reciba la prueba directamente y “vea” a las partes, principio esencial en los procedimientos reformados-; publicidad –que todo sea público, salvo excepciones calificadas, como manda la Constitución-, y prontitud del servicio –porque una justicia tardía se aleja de ser justicia-. En consecuencia, en mi opinión, todos los elementos que han debido incorporarse con motivo de la situación de emergencia actual pueden traducirse en cambios permanente si al hacerlo se respetan a lo menos esos principios básicos.