Por Ernesto Vásquez Barriga. Abogado, Licenciado y Magíster en derecho y académico de la Universidad de Chile. Máster y Doctorando en Derecho, Universidad de Alcalá.
Los seres humanos vivimos en comunidad y ello, de suyo no es algo sencillo de sostener armónicamente; el conflicto es consustancial a la vida en sociedad, siendo el derecho la forma civilizada de abordar tal convivencia y regulaciones desde diversas áreas y jerarquías dentro del sistema jurídico. Así, la norma más relevante es sin duda la Constitución Política de la República, en ella se ha de establecer y normar las instituciones esenciales del Estado, los derechos y garantías que posee frente al ente estatal el individuo, los principios o directrices básicas de convivencia; la estructura política y los elementos que sustentan a los diversos poderes y las bases del estado social, económico y estructural que ha de ser el marco rector del país, en fin, es la casa de todas las personas que habitan la república, junto a sus entidades, símbolos y principios rectores.
Así la carta fundamental debe representar a minorías y mayorías, no puede ser la imposición de un grupo respecto de otro, es la casa común y por tanto contiene en su seno los elementos matrices, no ha de ser como una lista de novios o infinitos deseos colectivos, sino el hogar jurídico general, donde todos tengan un espacio, identifique un objetivo social común de convivencia como el fruto del acuerdo de noviembre que puso fin al llamado estallido social. La actual Constitución -qué duda cabe- tuvo un origen espurio o al menos discutible, una comisión redactora designada por un gobierno de facto que gobernó mediante decretos leyes, sin perjuicio de ello, no es posible obviar que a partir de profundas reformas se fue legitimando al menos en elementos básicos que han permitido la convivencia jurídica y como lo manifestó el expresidente Ricardo Lagos, pasaba el mínimo básico de una carta democrática. Es público y notorio que estamos ad-portas de un proceso donde por primera vez en la historia de nuestro país, se ha de consultar mediante un plebiscito si se ha de realizar una nueva constitución y además por vez primera también, se consultará soberanamente en el mismo acto democrático, que instancia ha de construir dicho texto jurídico fundamental de la república.
Durante nuestra historia, las constituciones han sido creadas por Comisiones ad hoc o por el Congreso, este proceso en ello es inédito y ha de demandar un serio espacio de reflexión, que requiere obviamente, armonía y paz social para que su legitimidad nunca esté en duda y en ello, es preciso reafirmar que la violencia es incompatible con la democracia y con este proceso constitucional.
Cabe observar, que hay otros países que colocan más el acento en lo cultural y los deberes sociales frente a la convivencia comunitaria, que, en un texto, como pareciera al menos en materia legal, ser nuestra forma cultural de actuar, pues todo queremos resolverlo mediante una norma y creemos que una ley habrá de modificar conductas. Los Ingleses, por ejemplo, no poseen un texto constitucional escrito y no por ello, su sistema institucional carece de legitimidad o solidez, quizás como se ha dicho, también construir una carta constitucional que sea la casa de todos, pudiere ser una oportunidad para tener un esqueleto normativo institucional que rescate lo positivo del actual normativa constitucional, que como se ha expuesto, fue mutado reiteradamente durante los regímenes democráticos y bajo su vigencia, no es posible negar, que el país tuvo un salto cualitativo en lo económico y ello no es ni una visión subjetiva ni una declaración de complacencia, es una constatación que cualquiera pudiere colegir en la observación de nuestra historia reciente, sabiendo que en décadas pasadas la precariedad humana y social era de una magnitud nefasta, tanto que hemos olvidado que tuvimos una institución encargada de superar la desnutrición infantil que afectaba al país. El avance en lo material no fue de la mano, con el desarrollo de entidades educativas públicas que, por el contrario, fueron decayendo en su calidad y prestigio, como los llamados establecimientos emblemáticos en donde participaban persona de diverso origen y el mérito era la ruta y destino común.
El desempoderamiento de las distintas autoridades y la crisis social que nos ha afectado, fue el insumo perfecto para aplacar un desarrollo humano e intelectual de nuestra comunidad. Quizás la memoria corta nos impide observar el desarrollo real que inspiró a muchos inmigrantes a mirar a Chile como un destino para sus sueños. Este objetivo avance que permitió una disminución en el primer gobierno democrático encabezado por el presidente Patricio Aylwin, logró bajar la pobreza en un porcentaje impresionante y sacar de tal precariedad al menos a cuatro millones de sujetos.
Por otro lado, se creó en la cultura nacional la idea del emprendedor y también cambios en el cuidado del medioambiente que, aunque lento, han ido avanzando de mano de las nuevas generaciones. La crisis general en lo institucional de diversas entidades del Estado y de algunos credos religiosos, así como los diversos liderazgos, más casos de corrupción y la falta de regulación y sanción en delitos de los llamados “cuello y corbata” dejó la sensación que nuestro sistema procesal, que ha sido un gran avance en lo jurídico, no pudo al inicio, dar respuesta adecuada a esa área de los mencionados delitos económicos y pareciera ser que se hizo carne el dicho que ”el derecho civil es para los ricos y el penal para los pobres”, transformando al sistema penal en una máquina de moler gente pobre.
Las entidades y estructura con los años dan cuenta de una cierta fatiga natural de materiales y ha quedado demostrado el correcto diagnóstico que algunos hicimos al pasar de la preocupación a la acción en la mejora en la formación del rol policial en el marco procesal penal, sin embargo fue un aporte minúsculo sin la estructura y definición necesaria, lo que hoy se ha de observar como un imperativo, el cualificar el rol de las entidades policiales, porque aquellas son las que ayudan a la eficacia del derecho, desprestigiarlas solamente, sin buscar corregir sus nudos críticos, es un cheque en blanco para los grupos delictuales que observan, como hay una tensión social entre dichas entidades policiales y la comunidad.
Este desafío es de vital importancia, mejorar con quienes conocen no solo la teoría sino el giro real de la actividad es menester para avanzar y volver a tener entre las entidades más prestigiosas a nuestros carabineros, porque entre los sesenta mil hombres y mujeres que lo componen, existe mucha vocación y compromiso; como toda obra humana requiere de una reingeniería con ellos, no contra ellos y también incorporar a la comunidad que necesita ser empoderada a través de diversos vínculos para que pueda resolver pacíficamente sus conflictos o recurrir a los tribunales y que los agentes policiales actúen de manera profesional, ni más ni menos, porque el delito no da tregua y las personas necesitan entidades confiables; en ello varios seguiremos cooperando y esperamos que otros hagan los mismo, en particular las universidades, cumpliendo su rol social, acercando el derecho a las comunidades y abordando los desafíos para tener cuerpos policiales de calidad y prestigio en la que vuelvan a confiar como otrora los habitantes del país, pues no basta una constitución o una ley, el cambio debe ser real y profundo, legitimado en la sociedad.
