Ariel Wolfenson Rivas es abogado, Mastery in Negotiation de la Universidad de Harvad, Máster en Derecho de la Empresa LL.M. UC de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Máster en Derecho Público y Litigación Constitucional UDP. Socio Principal en Wolfenson Abogados.
La reciente destitución del ministro Sergio Muñoz de la Corte Suprema de Chile, efectuada por el Senado el 16 de octubre de 2024, ha sido un evento significativo que ha puesto en el centro de la discusión pública el uso del mecanismo de acusación constitucional y su relación con la independencia judicial. La destitución, que incluye una prohibición para ocupar cargos públicos por un periodo de cinco años, se basó en la causal de “notable abandono de deberes”, y fue aprobada por 27 votos a favor y 21 en contra, lo que reflejó una fuerte división política y social sobre este caso.
La acusación constitucional contra Sergio Muñoz surgió principalmente de dos hechos. En primer lugar, se le acusó de no haberse inhabilitado en una causa judicial que afectaba a su hija, relacionada con el proyecto inmobiliario Plaza Egaña. Según el libelo acusatorio, el fallo en cuestión tenía importantes implicancias patrimoniales, por lo que el ministro debió excusarse de participar en él, cuestión que no habría realizado.
El segundo aspecto del libelo se centró en su presunta falta de supervisión o control sobre su hija, quien ejerció su función judicial fuera de su jurisdicción territorial, algo que, según los acusadores, el ministro estaba obligado a corregir o denunciar. Estos cargos fueron clave para configurar la acusación de notable abandono de deberes, una figura jurídica que establece la responsabilidad de los jueces de velar por el cumplimiento de sus funciones de manera íntegra e imparcial.
La defensa del ministro Muñoz estuvo a cargo del reconocido abogado Jorge Correa Sutil, quien cuestionó la veracidad de los hechos presentados en la acusación y defendió la actuación del magistrado. Correa argumentó que el ministro Muñoz no tenía la obligación de inhabilitarse en el caso mencionado, ya que no estaba directamente involucrado en la resolución patrimonial del mismo. Además, subrayó que el deber de denunciar a otro juez solo surge cuando se comete un delito, lo que no aplicaba en este caso. Correa también hizo hincapié en que la función correccional que se le atribuía a Muñoz correspondía, en realidad, a la Corte de Apelaciones de San Miguel, lo que restaba fundamento a la acusación.
Más allá de los aspectos jurídicos, la destitución de Sergio Muñoz ha sido vista por numerosos actores como un movimiento impulsado por factores políticos. Desde el bloque de izquierda, especialmente desde el Partido Comunista y el Partido Socialista, se ha señalado que la acusación fue una “pasada de cuenta” debido al rol de Muñoz en fallos emblemáticos que incomodaron a sectores poderosos, particularmente en el ámbito de derechos humanos y medioambientales. Es un hecho de la causa que, el ministro Muñoz fue un juez incómodo para ciertos intereses, especialmente por sus decisiones que afectaron a las Isapres y a proyectos medioambientales, lo que habría motivado una especie de ajuste de cuentas político.
El historial judicial de Muñoz es extenso y controvertido en algunos sectores. Desde su llegada a la Corte Suprema en 2005, ha dictado fallos históricos en favor de la justicia social y los derechos humanos. Entre sus decisiones más destacadas, se encuentra su papel en el desafuero del dictador Augusto Pinochet, su contribución en la investigación del asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez, y su lucha contra la corrupción, como en el caso de las cuentas de Pinochet en el Banco Riggs.
En el ámbito ambiental, Muñoz lideró fallos clave que frenaron la instalación de proyectos termoeléctricos en zonas de sacrificio como Puchuncaví y Ventanas, contribuyendo a la protección de los derechos de las comunidades afectadas y promoviendo la transición a energías renovables.
El exministro de Medio Ambiente Marcelo Mena destacó que las contribuciones de Muñoz en este campo permitieron frenar la contaminación causada por plantas de carbón, lo que tuvo un impacto positivo en la economía y el medio ambiente de Chile. Estas decisiones, según Mena, pusieron a Muñoz en la mira de sectores conservadores que no compartían su enfoque proactivo en la defensa del medio ambiente y los derechos de las comunidades.
La figura del “notable abandono de deberes” en las acusaciones constitucionales contra jueces es un concepto jurídico ambiguo que ha sido motivo de controversia. En este caso, la defensa de Muñoz argumentó que los hechos descritos no cumplían con los estándares exigidos para configurar tal causal, ya que la falta de inhabilidad no constituye por sí misma un abandono de deberes. Sin embargo, la mayoría en el Senado consideró lo contrario y aprobó la destitución.
Este hecho reabre el debate sobre el uso de las acusaciones constitucionales como herramientas políticas. Diversos analistas han señalado que este mecanismo, pensado como una forma de control y balance de los poderes del Estado, puede ser utilizado de manera partidista para debilitar a figuras judiciales que incomodan a ciertos sectores políticos. En el caso de Muñoz, el trasfondo político parece haber jugado un rol importante, dado su historial en fallos que afectaron intereses económicos y corporativos.
La destitución del tantos años presidente de la Corte Suprema de Chile, el ministro Sergio Muñoz representa un momento crítico en la historia del sistema judicial chileno, ya que refleja tanto las tensiones políticas internas como los desafíos en torno a la independencia del Poder Judicial.
Si bien algunos ven la destitución como un acto de justicia frente a la falta de imparcialidad del magistrado, otros la interpretan como una represalia política por su papel en fallos progresistas que afectaron a sectores poderosos. En cualquier caso, este episodio subraya la importancia de un equilibrio entre la rendición de cuentas de los jueces y la protección de su independencia frente a las influencias políticas.
