El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago revisó este viernes -a través de videoconferencia- las medidas cautelares de doce de los adultos investigados por desórdenes públicos en la zona cero. La jueza Tatiana Escobar estimó que la pena asignada al delito es baja y por lo tanto, la privación de libertad era una medida excesiva.
Sujetos a la medida cautelar de firma mensual quedaron este viernes doce de los imputados por el delito de desórdenes públicos y quienes supuestamente son vinculados a la primera línea de manifestaciones en la zona cero, específicamente, en Plaza Baquedano.
Ello, luego que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago revocara la prisión preventiva que cumplían hace un mes, por estimar que la privación de libertad era una medida excesiva.
Según argumentó la jueza de garantía Tatiana Escobar en una audiencia que se llevó a cabo por videoconferencia, la pena asignada al delito de desórdenes públicos es bastante baja, por lo que la prisión preventiva es desproporcionada, acogiendo -con ello- la petición de las defensas y sin que hubiera oposición de las partes.
La semana recién pasada, los mismos imputados fueron liberados de oficio por el magistrado Daniel Urrutia, quien consideró que existía alto riesgo de contagio de Covid-19 al interior de la cárcel.
En su fallo, el magistrado aludió que “los internos en prisión preventiva, al igual que todas las personas tienen derecho a la salud y es deber del estado velar por su cuidado, no exponiéndolos innecesariamente a contagios de la epidemia que puedan evitarse tomando las medidas razonables”.
El dictamen, sin embargo, fue cuestionado por el pleno de la Corte de Apelaciones, que revocó la decisión del magistrado, abriendo -además- un sumario administrativo en su contra y ordenó la suspensión de sus funciones durante el periodo de indagatoria.
