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El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal programó para el próximo 17 de marzo la audiencia de juicio oral y estimó su duración por 90 días. En principio será de manera presencial, tal como lo solicitó el defensor del excandidato presidencial, Octavio Sufán. Paralelamente, el exdiputado está a la espera del pronunciamiento del organismo internacional, donde presentó una denuncia, que patrocina el abogado Ciro Colombara.
Para el próximo 17 de marzo a las 9:00 horas, el Cuarto Tribunal Oral en lo Pena programó el inicio del juicio oral contra el excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, por supuesto fraude de subvenciones.
Se estima que la audiencia se prolongue por 90 días, y se realizaría de manera presencial, tal como lo solicitó el defensor de Enríquez-Ominami, Octavio Sufán.
El juicio estaba programado, en primera instancia, para el 15 de febrero, sin embargo, debido a la imposibilidad de realizarse de manera presencial debido a la emergencia sanitaria, el defensor público pidió que se agende “tan pronto cese el estado de excepción constitucional” para que éste se realice de manera presencial “ya que se tratará de un juicio contradictorio que requiere la apreciación personal de la prueba por parte del tribunal y, de esta manera, se garantiza de mejor manera los derechos del acusado”.
En esta causa, Enríquez-Ominami fue indagado por una supuesta infracción en la rendición de la cuenta ante Servel, hecho por el cual el Ministerio Público propuso una pena de 4 años.
Paralelamente, enfrenta una investigación por presuntas infracciones tributarias en el denominado caso SQM, cuya audiencia preparatoria de juicio oral se encuentra suspendida.
Precisamente por esta última arista es que el Servicio Electoral suspendió el derecho a voto del líder del PRO, quien el pasado 22 de diciembre presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la suspensión de sus derechos políticos, la vulneración de su presunción de inocencia y la violación de su derecho a ser juzgado en un tiempo razonable, y solicitó medidas cautelares.
Nuevos abogados
El recurso ante el organismo internacional fue interpuesto a través del abogado Ciro Colombara, quien asumió la representación del excandidato presidencial ante la CIDH.
Según explican desde su entorno, en el caso de Enríquez-Ominami se requiere de una estrategia más integral que incorpore no solamente la arista penal, sino que también la arista del derecho administrativo, que implica la suspensión del derecho a sufragio; la arista del derecho Constitucional ligada a lo anterior, y además al derecho internacional y a organismos internacionales, como lo es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la vulneración al plazo razonable; a la presunción de inocencia; y al derecho a sufragio por habérsele suspendido aun cuando no ha enfrentado un juicio.
La denuncia, además, fue respaldada por expresidentes de América Latina, entre ellos, por los exmandatarios de Brasil Luiz Inácio “Lula” da Silva y Dilma Rousseff; el expresidente de Colombia Ernesto Samper; su par por Ecuador Rafael Correa; y el exmandatario de Paraguay Fernando Lugo; quienes además han calificado del caso de Enríquez-Ominami como lawfare o guerra jurídica.
