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Andrés López Vergara, En Estrado.
“Se advirtieron deficiencias en el proceso de evaluación de los proveedores invitados a cotizar para el suministro de cajas de alimentación para la segunda etapa del programa de ‘Alimentos para Chile’, en lo referente a la acreditación de las condiciones establecidas por la Intendencia para la contratación de la empresa. (…) Se constató la existencia de productos con menor gramaje que los ofertados por el proveedor, de los cuales, la Intendencia no lo habría advertido, por lo tanto, no aplicó sanciones; asimismo, se observó que el proveedor no dio cumplimiento al cronograma definido en el contrato, originando la aplicación de una multa, la que fuera rebajada por parte de la entidad auditada, sin acreditar fundadamente las causas que originaron el menor cobro. Por lo anterior, esta Contraloría Regional iniciará un sumario administrativo a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas comprometidas en los hechos observados”.
Esa es la primera conclusión que dio a conocer la Contraloría en un su informe final sobre el manejo del programa “Alimentos para Chile” a cargo de la Intendencia regional de Tarapacá. Desde cajas duplicadas, multas no cobradas, hasta canastas entregadas a funcionarios del Estado fueron los hallazgos del equipo de investigadores del organismo fiscalizador.
“Por su parte, se observaron inconsistencias en los plazos de entrega establecidos, resultando en el atraso por parte de esta última (a cargo de elaborar las cajas), en la entrega de las canastas de alimentos. Sin embargo, la Intendencia Regional desistió de aplicar la multa pactada por el retraso. Por lo anterior, esta Contraloría Regional incluirá dicha materia en el proceso sumarial que instruirá a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas comprometidas”, señala el informe.
Desde la Junji hasta Gendarmería
Los fiscalizadores indican también que se evidenciaron deficiencias en la distribución del beneficio y su registro: “De acuerdo a la información aportada por los municipios de la región, se entregaron a lo menos 274 cajas de manera duplicada, por lo que esa Intendencia Regional deberá requerir la información correspondiente a todos los municipios con los que suscribió convenio de cooperación, considerando además los datos de las entregas efectuadas directamente por esa entidad, para proceder a analizarla y justificar todos aquellos casos en que hubo duplicidad en la entrega, de lo cual tendrá que informar documentadamente, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo de 60 días hábiles, a contar de la fecha de recepción del presente Informe Final”.
Finalmente, explicaron que también se entregaron canastas a funcionarios públicos y que no se acreditó el cumplimiento de los requisitos correspondientes para acceder al beneficio. Se tratan de empleados de diversos servicios con la Junji o el INE; Ejército, Armada, Carabineros, Gendarmería, entre otros (ver listado en anexos del documento).
“Se verificó que se entregaron, a lo menos, 952 canastas de alimentos a personas con vínculo laboral con la Administración del Estado, respecto los cuales no se acreditó el cumplimiento de los requisitos dispuestos en los convenios de colaboración suscritos con las entidades edilicias. En ese contexto, en cuanto a la solicitud que esa entidad comprometió en su respuesta, referida a requerir a los servicios públicos de los cuales dependen los beneficiarios observados, la información que permita acreditar la correcta entrega de cajas de alimentos a aquellos beneficiarios, deberá informar documentalmente el resultado de dichas acciones, como así también, informar el resultado del procedimiento disciplinario señalado en su contestación, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo de 60 días hábiles, a contar de la recepción del presente Informe Final”.
Cambios
También se detectó el cambio de productos: “Requerida la Intendencia en relación con los requerimientos que habría efectuado el proveedor para realizar cambios de productos, esta aportó el documento denominado ‘Acta de cambio de productos’, sin número y de fecha 30 de julio de 2020, en la cual se autorizó la sustitución de 20 tarros de jurel y té en hoja, en desmedro de tarros de atún y té en bolsa que requería el contrato, situación que fue advertida por esta entidad en registro fotográfico de beneficiario (…) no se visualizó que se haya aplicado alguna multa por parte de la Intendencia, dado el incumplimiento en la realización”.
Agregan que “cabe indicar que el hecho que el proveedor haya entregado cajas adicionales a las contratadas, no compensan la diferencia en los gramajes de los productos que componen la canasta de alimentos, ya que aquella circunstancia se encontraba normada en el contrato, y que en caso de incumplimientos se debía aplicar las multas respectivas. Sin embargo, dada la falta o deficiente validación del contenido de las cajas de alimentos, esa entidad no consignó las multas al proveedor por las discrepancias detectadas. Esta Contraloría Regional instruirá un proceso sumarial, a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas respecto de aquellos funcionarios responsables de realizar el control de estos contratos”.
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