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Andrés López Vergara, En Estrado.
“Para potenciar el acceso a la justicia en Chile se requiere de un fortalecimiento institucional (en términos de dotaciones, salarios, organización y otros aspectos) y, por tanto, de un incremento en el presupuesto. Para fortalecer el acceso a la justicia en el territorio, sobre todo en los lugares más postergados, el crecimiento del presupuesto a nivel de las regiones y las comunas requiere de una estructura capaz de asegurar la eficiencia en el cálculo y planificación del presupuesto como en su ejecución”.
Esa es una de las recomendaciones realizadas por la Fundación Sol en su análisis solicitado por la Federación Nacional de Asistencia Judicial (FENADAJ), en que se analizaron los distintos escenarios frente a la instauración del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos.
En relación con la remuneraciones y homologación de jornadas laborales, el estudio describió tres escenarios: A) se considera un aumento de las remuneraciones bajo el promedio nacional por cargo, ajustando al promedio respectivo en cada caso; B) se mantienen las remuneraciones actuales, pero se aumenta la jornada de todos los cargos a 180 horas mensuales; y C) se contempla el aumento de remuneraciones bajo el promedio nacional por cargo, contemplado en el escenario A y, adicionalmente, un aumento de jornada de todos los cargos a un total de 180 horas mensuales.
“El Escenario C plantea (en relación a homologación salarial y dotaciones) un aumento de jornada que se aproxime a las cargas de trabajo existentes, además de una homologación de remuneraciones en una escala única basada en el costo promedio de las horas de trabajo por cargo, a nivel nacional. Este escenario implica un aumento de $15.854 millones al año, lo que equivale a un incremento del 33,2 % en el gasto en remuneraciones del Personal”, indican.
Homologación salarial y presupuesto ajustado
En relación a la homologación salarial y la proyección presupuestaria, “al ajustar el presupuesto con estos criterios, este se incrementaría a $62.050 millones en el escenario actual; a un total de $66.836 millones en el escenario A; $78.010 millones en el Escenario B; y $82.640 millones en el Escenario C. Este último escenario constituye una aproximación al costo que podría tener un Servicio Nacional de Acceso a la Justicia con una escala de remuneraciones única y un presupuesto que permite mayores gastos en Bienes y Servicios. Se trata de un escenario en el cual, no obstante, se mantienen los actuales criterios de focalización. Si se decidiera ampliar estos criterios de focalización a un grupo poblacional más amplio en términos de las necesidades de acceso a la Justicia, se debiese tener en mente un presupuesto de mayor magnitud, que se acerque a las cifras del Ministerio Público ($192.737 millones al año)”, indican.
Agregan que “esto contemplando, como se ha señalado, que al focalizar -por ejemplo- al 60 % más pobre de la población, la población objetivo de representación judicial podría aumentar en casi 7 veces, pasando de 245.757 personas a 1.714.585 personas. Estas cifras pretenden aportar a esta discusión, en términos de avizorar el costo que podría tener el establecimiento de un Servicio Nacional de Justicia capaz de romper las barreras que existen actualmente para el acceso a la justicia, en línea con las reglas de Brasilia sobre el Acceso a la Justicia de las personas en Condición de Vulnerabilidad”.
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