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En Estrado.
La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el recurso de nulidad deducido en contra de la sentencia que decretó, por falta de pruebas, la absolución de Mauricio Gonzalo Cheuque Bustos, acusado por el Ministerio Público como autor del delito de porte de artefacto incendiario. Ilícito supuestamente cometido en noviembre de 2019, en la población La Victoria, comuna de Pedro Aguirre Cerda.
“La Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras María Alejandra Pizarro Soto, Carmen Gloria Escanilla Pérez y abogado (i) José Ramón Gutiérrez Silva– descartó infracción de ley en la sentencia recurrida, dictada por el Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, que lo absolvió por no acreditarse, tanto la comisión del hecho punible materia de la acusación como la participación culpable y penada en la ley del acusado”, señala un comunicado del Poder Judicial.
“En cuanto a las pruebas aludidas y que en el recurso se dice no fueron valoradas –el set de fotografías utilizado en el informe pericial del sitio del suceso y el plano utilizado en el informe pericial planimétrico– N° 10121-01-2019, de 26 de agosto de 2020, elaborados por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Chile, lo cierto es que los sentenciadores sí consideran el mérito del set de fotografías a color que releva el recurrente, incluso reconociendo que su calidad es distinta de las fotos asociadas al parte policial, sin embargo, el hecho de rebajar el valor probatorio de las imágenes que ellas reflejan encuentra su razón en el resultado de la ponderación íntegra que los sentenciadores hacen de las declaraciones de los testigos de cargo, cuyas variadas fallas de semejanza o conformidad en aspectos no sólo superficiales, sino también otros sustanciosos, generaron en el tribunal una apreciación final feble, que no fue capaz de superar el estándar estatuido en el artículo 340 del código adjetivo”, indican.
Agregan que “según esto, se hace claro que sí quedó al descubierto esa falta de armonía entre los dichos de los funcionarios que intervinieron en el procedimiento policial del que derivó la detención del imputado y la incautación de especies, entre ellas el artefacto incendiario que se le atribuye, para el tribunal dejó de ser relevante el valor de prueba de esos documentos generados con la pericial. Allí reside la razón que condujo a restarles vigor”.
Para el tribunal de alzada: “puede enunciarse el dictado de la ley de razón suficiente del siguiente modo: el acusado es absuelto porque primó la presunción de inocencia a su respecto, y esta prevalencia no podría ser de otro modo puesto que obedece a un conjunto de probanzas que no son concluyentes en cuanto a que el enjuiciado hubiere tenido en su poder el artefacto incendiario que se le atribuye y, a su vez, esta duda se basa en las declaraciones desiguales de los testigos funcionarios policiales que intervinieron en la detención y en la cadena de custodia, algunos de cuyos dichos, incluso, se asemejan, o bien coinciden, con lo sostenido por el acusado y la testigo presentada por su defensa en relación a la dinámica de la detención y las especies que efectivamente fueron incautadas al inculpado”.
“(…) revisada –prosigue– como ha sido la sentencia impugnada a la luz del parámetro en referencia, es forzoso concluir que el defecto que postula el recurso no se presenta en ella, pues su lectura pone en claro que el tribunal del grado describe e hilvana los antecedentes de prueba aportados a la litis, los que analiza en una relación de conexión que lo conduce a su conclusión, razonadamente y con coherencia; motivo por el que no cabe afirmar que la decisión de absolución que viene cuestionada carezca de la necesaria y articulada fundamentación conducente a sostener la insuficiencia de vigor probatorio para vincular la existencia del artefacto incendiario referido en la causa con el porte del mismo por parte del acusado, imposibilitando de este modo tener por demostrada, más allá de toda duda razonable, su participación en los hechos investigados”.
504-2021
