Andrés López Vergara, En Estrado.
“Si bien es cierto, inicialmente fue un tremendo desafío para el Poder Judicial lograr absorber la cantidad de solicitudes que se generaron con la primera ley del 10% -que siendo una muy buena iniciativa y persiguiendo un fin esencial que es efectivizar los derechos de niños, niñas y adolescentes cuyos cuidadores son deudores de pensiones de alimento- generó en la labor interna una avalancha de trabajo que fue muy difícil de asir. Se necesitaron muchos cambios, desde lo informático, desde establecer trámites fáciles, de educar a la ciudadanía de cómo pedir sus retenciones del 10%, hacer liquidaciones, como medidas cautelares”.
Ese es parte del diagnóstico que realiza la jueza de familia, secretaria general y directora de la Comisión de Derechos Humanos y Género de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMm), Natasha García, del escenario que provocó en el Poder Judicial las retenciones judiciales a los deudores.
García es parte de los expositores que participarán hoy 11 de marzo a las 18:00 en el conversatorio organizado por la Asociación Nacional de Fiscales (ANF) en que se analizarán los temas pendientes para 2021 en el sector justicia en materia de Igualdad de Género y No Discriminación.
La actividad será presentada por el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, y expondrá la directora y encargada de género de la ANF, Claudia Castro.
También participarán como expositores la ministra de la Corte Suprema, Andrea Muñoz; la encargada de la Dirección de Género de la Universidad de Chile, Carmen Andrade; y el abogado coordinador de proyectos del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, Miguel Barboza.
Para García, “toda esta situación devela para el Poder Judicial la precarización de las cuidadoras, las mujeres en general que cuidan a niños, niñas y adolescentes, que se deben enfrentar a toda esta maquinaria judicial frente a deudores que no tienen domicilio, perdieron contacto con sus hijos, que no pueden ser notificados. Si no son notificados no se les puede aplicar ninguna de las medidas que teníamos los jueces para poder perseguir el pago de las pensiones de alimentos, como eran las retenciones de licencias de conducir, por ejemplo”.
Agrega algunos temas pendientes son que “no debe ser la acreedora, en este caso las cuidadoras, las que tienen que andar persiguiendo la deuda. Como si fuera una deuda de retail o de una casa comercial. Sino que asimilar verdaderamente lo que significa una pensión de alimentos para niños, niñas y adolescentes que la requiere. Que el Estado asegure una pensión integral mínima y que sean los propios deudores que respondan frente a éste cuando existen pensiones de alimentos incumplidas. Por ejemplo, que se retengan los impuestos automáticamente, que haya procedimientos de orden administrativo que castiguen a los deudores. Creo que se debe poner énfasis en asegurar la pensión mínima integral para los niños, niñas y adolescentes por parte del Estado”.
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