Andrés López Vergara, En Estrado.

La Tercera Sala de la Corte Suprema resolvió acoger un recurso de protección en contra de la isapre Consalud y le ordenó otorgar cobertura a un medicamento sin registro que requiere un niño que se encuentra con riesgo vital.

Se trata del fármaco Kineret, cuyo principio activo es Anakinra, el que debe ser cubierto de acuerdo a la prescripción y por el tiempo que demande el tratamiento del síndrome epiléptico por infección febril (Fires) que padece el niño.

«Que no existe discusión en que el producto Kineret cuyo principio activo es Anakinra, corresponde a un medicamento que pertenece al grupo de fármacos terapéuticos denominados inmunosupresores, específicamente inhibidores de la interleucina, el cual no se encuentra registrado en el Instituto de Salud Pública, así como también que no existe en Chile otro medicamente alternativo que cuente con registro sanitario y que contenga el referido principio activo», sostiene el fallo.

Para el máximo tribunal: «En efecto, como se transcribió precedentemente, es justamente la autoridad sanitaria, la que autorizó el ingreso del fármaco para un fin medicinal urgente, atendido que no existe una alternativa del principio activo del mismo en nuestro país, por tanto, su no registro sanitario en términos formales, en esta hipótesis pierde importancia, por la existencia de este permiso especial concedido por la Instituto de Salud Pública, que viene sustituir provisionalmente el registro que alega la recurrida, lo cual hace desaparece el fundamento argüido por aquella para no entregar la cobertura del medicamento, transformando su actuar en ilegal y arbitrario».

«Que, por tanto, la decisión de las recurrida consistente en la negativa a proporcionar aquel fármaco, único, por lo demás, existente para el tratamiento de la patología que aqueja al niño en favor de quien se recurre, aparece como ilegal y arbitraria, y amenaza, además, la garantía consagrada en el artículo 19 N° 1 de la Carta Fundamental, puesto que, como consecuencia de semejante determinación, se niega en la práctica el acceso a un medicamento necesario para su sobrevivencia, así como para su integridad física, considerando que de acuerdo a los informes médicos acompañados a la causa se describe la enfermedad como una encefalopatía epiléptica aguda potencialmente fatal, con efectos progresivos de carácter degenerativos a nivel cognitivo y muscular, en tal virtud, procede que se adopten las medidas necesarias para asegurar el pleno ejercicio de la garantía conculcada y, de esta forma, restablecer el imperio del derecho», ordena.

Derechos

Los magistrados basan su decisión en que «es necesario hacer presente que el numeral 1° del artículo 24 de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, suscrita por Chile y promulgada por Decreto Supremo N° 830 de fecha 27 de septiembre de 1.990 dispone ‘Los Estados partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los estados partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios», afirma.

«Que el instrumento antes referido, por aplicación del artículo 5° de la Constitución de la República, resulta obligatorio para el Estado de Chile, siendo compelido a dirigir sus acciones y decisiones para asegurar que ningún niño o niña sea privado del disfrute del más alto nivel respecto de prestaciones sanitarias, a fin de resguardar el derecho a la vida e integridad física y síquica de los menores recurrentes en estos autos (…). En consecuencia, en las determinaciones de la administración de salud en Chile que involucren menores, debe prevalecer el respeto irrestricto a los compromisos adquiridos como consecuencia de la suscripción de los tratados, tales como la convención antes referida, que los criterios de orden económico, los que resultan derrotados al ser contrapuestos al interés superior del niño», agregan.

 

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