El escenario de crisis generado tras aparición del Covid-19 y las suspensiones de audiencias, evidencian la necesidad de una modernización y agilización en materia penal y se impone como una oportunidad para ello.

Tras la llegada del coronavirus al país y las medidas adoptadas para prevenir su propagación, el Poder Judicial adoptó una serie instrucciones respecto a las audiencias, explicando que no es posible mantener el metro de distancia mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud para evitar su contagio.

Por ello, hubo acuerdo para renunciar a causales de nulidad por la suspensión debido a la crisis sanitaria, con el fin de no afectar el futuro de los procesos judiciales.

La medida, según explica el abogado Juan Carlos Manríquez, evidencia “la necesidad de avanzar hacia una digitalización y hacia una no presencialidad en la justicia, no solo en situaciones de crisis como la que estamos enfrentando, sino que incluso para sentar las bases de una posible modernización y agilización, particularmente en materia penal”.

“Todo aquello que hagamos en estas circunstancias, puede significar una gran oportunidad”, dijo el abogado, socio del estudio MBCIA, agregando que ya tomó contacto con profesionales del rubro de Francia, España, Noruega, Italia, Inglaterra, Japón, Colombia y Estados Unidos, a través de la Red Privacy Rules, de la cual es miembro hace dos años, siendo el único estudio chileno en participar de la agrupación internacional.

“Buscamos, precisamente, tratar el tema de cómo lo están haciendo los otros países en este contexto de crisis para utilizar tecnologías digitales, webinar y mecanismos e instrumentos a distancia, sin entorpecer -o bien- para mejorar los sistemas de justicia”, detalló, mencionando que ha compartido lo que ha ocurrido en Chile a propósito de las audiencias criminales de suma urgencia.

En la misma línea, aludió a la medida adoptada por el Primer Juzgado Civil de Viña el Mar, que autorizó la entrega de patrocinio y poder a través de un video enviado por WhatsApp,  en el que aparezca el mandante indicando el rol de la causa, su nombre completo y que manifieste otorgar poder a determinado abogado, más foto de su cédula de identidad por ambos lados.

“Por todo ello, y en este escenario de crisis, será fundamental exigir que las Cortes y los intervinientes de los procesos penales cuenten con los equipos adecuados para poder litigar en igualdad de condiciones y sin que ello afecte la calidad o la justicia en las resoluciones de los tribunales”, concluyó Manríquez.