El próximo 23 de febrero de 2021, el Ministerio Público formalizará investigación contra un ex supervisor de distribución de la empresa Cervecería ABInBev (ex Cervecería Chile), quien habría recibido una serie de pagos de parte de uno de los proveedores de transporte, con el propósito de favorecer la contratación de sus servicios por sobre los del resto de los contratistas.
En Estrado.
Para el próximo 23 de febrero fue reprogramada por el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, la audiencia de formalización contra el primer imputado por el delito de corrupción entre particulares en Chile, ilícito previsto y sancionado en los artículos 287 bis –y 287 ter- del Código Penal, que sanciona con una pena de hasta tres años de cárcel al empleado o mandatario que aceptare o solicitare recibir un beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o un tercero, para favorecer o haber favorecido en el ejercicio de sus laborales la contratación con un oferente sobre otro.
Ello, luego que el Ministerio Público estimara que los antecedentes reunidos tras la querella presentada por Cervecería ABInBev (ex Cervecería Chile), en contra de uno de sus exempleados, fueran suficientes para acreditar, en esta etapa procesal, la existencia de hechos que podrían ser constitutivos de delitos.
Se trata de un ex Supervisor de Distribución quien –de acuerdo a la querella –patrocinada por el estudio Merino & Cía.- habría recibido una serie de pagos de parte de uno de los proveedores de transporte, con el propósito de favorecer la contratación de sus servicios por sobre los del resto de los contratistas que ofrecían a ABInBev este mismo servicio.
La causa
La investigación penal, a cargo del fiscal centro norte Ezio Braghetto, se inició tras la denuncia interpuesta por la firma afectada. De acuerdo a los antecedentes aportados por el querellante, en el mes de abril del año 2019, en el marco de una auditoría realizada por el área de Control de Interno de CCH, se detectó que uno de los principales proveedores del servicio de transporte, se habría apropiado indebidamente de $ 606.168.828. millones de pesos por concepto de dineros recaudados y saldos de mercadería no entregada, en el periodo comprendido entre el mes de noviembre de 2018 a junio de 2019.1
Según se desprende en la querella “el equipo de ejecutivos de Cervecería Chile que se encontraba a cargo de supervisar el cumplimiento de este contrato marco era liderado por el imputado, entonces supervisor de Distribución, quien manejaba en forma exclusiva la cuenta de este contratista”.
“Que pese a existir un riguroso procedimiento operativo de liquidación/facturación para los proveedores de transporte (SOP), el querellado no advirtió las millonarias diferencias que existían entre el monto de las ventas realizadas y los valores entregados en ‘caja’, como tampoco, la diferencia de productos despachados desde el centro de distribución y aquellos efectivamente entregados en los puntos de venta”, detalla el libelo, agregando que “esta inexplicable falta de diligencia llamó la atención del área de Control Interno de CCH la que, en conjunto con la Gerencia Legal y de Cumplimiento, inició una investigación interna, en la que se detectó que el imputado había recibido de parte de la empresa contratista, una serie de pagos irregulares a su favor”.
En concreto, agrega la querella, se constató la existencia de dieciséis transferencias electrónicas realizadas desde dos cuentas corrientes asociadas al dueño de la empresa externa en cuestión a la cuenta corriente personal del imputado, entre el mes de abril del año 2017 y abril de 2019, por un total de $ 14.150.000.
Por último, el documento establece que dicha información fue entregada voluntariamente por el proveedor involucrado, quien reconoció a la Gerencia Legal de CCH que dichos pagos tenían como propósito que el querellado prefiriera sus servicios de transporte, por sobre el resto de los contratistas que ofrecían el mismo servicio a Cervecería Chile.
Nuevo delito
El delito en cuestión fue incorporado al Código Penal en el mes de noviembre del año 2018 a través de la ley 21.121, ley que estableció una serie de normas para la prevención, detección y persecución de la corrupción.
