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Andrés López Vergara, En Estrado.
La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados emitió una declaración pública en que cuestionaron la medida de traslado solicitada por el Pleno de la Corte de Apelaciones de Rancagua luego de la sanción decretada en contra del juez de garantía de esa ciudad, Luis Barría, en el marco de una investigación por denuncias de acoso sexual.
Según la resolución, se ordenó la suspensión de funciones por el plazo de tres meses con goce de medio sueldo y se pidió a la Corte Suprema que fuera cambiado de lugar de trabajo.
“Desde la Asociación Nacional de Magistrada y Magistrados hemos manifestado reiteradamente nuestro rechazo a toda forma de lesión a la dignidad humana y a lo que catalogamos como una ‘cultura del acoso sexual’, en la que las víctimas encuentran una respuesta reparatoria insuficiente frente al daño sufrido, y los agresores se sirven de un diseño institucional caracterizado por la jerarquía y verticalidad de las relaciones entre ‘superiores’ y ‘subalternos’, para el despliegue de estas conductas”, señala la declaración.
Agregan que “nos oponemos asimismo al traslado de los agresores, no solo porque es una forma de sanción no establecida en la ley: la medida solo desplaza el problema de un lugar a otro y expone a otras personas a transformarse en nuevas víctimas”.
Finalmente plantea que “nos preocupa que la mujer y todas las personas encuentren en el Poder Judicial un espacio seguro para el trabajo y que el sistema de justicia en su conjunto esté a la altura de los compromisos asumidos entre nosotros y con la ciudadanía para la erradicación de toda forma de violencia de género, por lo que aspiramos a una total congruencia entre la promoción de una política institucional de igualdad de género y no discriminación y la tramitación de las denuncias de acoso, procedimiento del que somos críticos y sobre el que instamos por su modificación”.
