Andrés López Vergara, En Estrado.
El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, indicó que este año la institución ha tenido que realizar “grandes esfuerzos” para enfrentar la actual situación de alerta sanitaria del coronavirus, los recortes presupuestarios por más de $25.000 millones y los gastos adicionales por más de $4.000 millones necesarios para reducir riesgos de contagio en los tribunales.
Silva acompañado por los ministros y ministras que integran el Consejo Superior; el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), Ricardo Guzmán; y el director de la Academia Judicial, Juan Enrique Vargas, informaron ayer sobre la ejecución presupuestaria por el Poder Judicial durante el primer semestre de 2020 ante la Tercera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional.
En el encuentro, realizado de manera remota, la máxima autoridad de la Corte Suprema informó que el Poder Judicial alcanzó al 30 de junio de 2020 una ejecución presupuestaria de $270.357 millones, lo que equivale al 48,4% del presupuesto total asignado para este año para la institución.
Silva resaltó el trabajo realizado por la institución durante estos meses para enfrentar la emergencia sanitaria provocada por el contagio de coronavirus. “Este Poder del Estado ha tenido que realizar grandes esfuerzos para enfrentar la actual situación de alerta sanitaria en la que nos encontramos (…) Este año ha sido tremendamente complejo en varios aspectos: la crisis sanitaria del Covid 19, los recortes presupuestarios por más de $25.000 millones y los gastos adicionales por más de $4.000 millones necesarios para reducir riesgos de contagio en nuestros tribunales y permitirnos operar 100% de modo telemático”, dijo.
Adicionalmente, indicó que de la implementación de leyes al Poder Judicial ha comprometido su actuar, obligándolo a una urgente reasignación de sus recursos, esfuerzos y tiempos, constituyéndose en uno de los más fuertes desafíos enfrentados.
“En menos de tres días tuvimos que prepararnos para recibir más de 516.777, escritos de retención de fondos, equivalentes a 1.828% de un año normal en comparación al mismo período de un año normal, lo que nos obligó a retener más de $308 mil millones por concepto de deudas alimenticias”, dijo
Explicó que el Poder Judicial tuvo que implementar más de 12.000 puestos de trabajo remoto durante la pandemia y desarrollar el uso masivo de videoconferencias para entregar un mejor servicio de justicia.
El director de la CAPJ, Ricardo Guzmán, informó que para enfrentar la rebaja presupuestaria solicitada por el Ministerio de Hacienda al Poder Judicial fue necesario implementar una serie de medidas de austeridad.
Estas medidas han permitido disminuir de manera importante los gastos en personal, especialmente, debido a la restricción en viáticos, suplencias y reemplazos y provisión de nuevos cargos. Indicó que producto de la contingencia sanitaria, la ejecución de los proyectos de construcción se ha visto afectada, debido las restricciones de movilidad impuestas por la autoridad sanitaria, en especial en los proyectos de La Serena, Academia Judicial y Reforma Procesal Penal de Osorno.
