Créditos Imagen : El abogados José Henríquez (izq.) junto a Carlos Tranamil.
Malú Urzúa, En Estrado.
De no ser por una cámara instalada en una empresa cuyo ángulo de visión incluía el paradero de la cuadra, Carlos Tranamil Barros, estaría preso. Había sido reconocido “con toda seguridad” por una pareja de ancianos como parte de una banda que intentó contra ellos un “portonazo”, mientras iban entrando a su casa, en la comuna de Quinta Normal.
El asalto ocurrió un jueves 1 de marzo del año 2018, casi a las 8 de la noche. En realidad, Tranamil se encontraba esperando un bus de la locomoción colectiva para ir al estadio cuando vio que un grupo de tres adolescentes violentaban y amenazaban con armas al matrimonio, gritándoles para que bajaran del auto y luego tirándolos al suelo.
En la formalización que se realizó al día siguiente la fiscalía dijo, incluso que, tras expulsar a los ancianos, él se había sentado en el asiento del conductor mientras los otros también abordaban el vehículo. Los ancianos así lo aseguraban: el hombre de polera blanca y pantalón de buzo azul con la insignia de la “U” era quien se había subido al auto. El Ministerio Público decía que, alertados por los gritos, los vecinos salieron a la calle, los tres adolescentes huyeron y él, al no lograr escapar, había sido objeto de una “detención ciudadana”.
“Cuando lo entrevisté ese viernes, antes del control de detención, me contó que había salido del trabajo y estaba esperando locomoción para ir a ver un partido de la U y que vio cómo unos adolescentes asaltaban a unos viejitos. Dijo que estuvo dudoso de meterse a ayudar, pero que al final decidió ir, llegaron los vecinos y lo creyeron parte”, cuenta el abogado defensor penal público José Henríquez. “Venía muy golpeado, con lesiones en la cara, la espalda y un corte en la pierna. Ahí me contó que los vecinos que lo habían detenido le habían pegado”, agrega.
Ya conociendo la versión, antes de entrar a la audiencia el abogado se encontró con un matrimonio que decía conocer a Carlos. “Eran los dueños de una empresa de acero ubicada a una cuadra de ahí, donde él trabajaba como operario y, en donde, además vivía. Dijeron conocerlo hacía mucho tiempo, y que estaban seguros de que no había cometido el delito”, relata el abogado.
No sólo eso. Por iniciativa propia, una vez que Carabineros se llevó detenido a Carlos ese jueves en la noche, ambos fueron de inmediato a hablar con el dueño de la empresa, la que tenía la cámara de vigilancia apuntando hacia el lugar.
“Habían visto el video –dice Henríquez- y éste mostraba claramente que él no había tenido nada que ver. Se veía todo: cómo estaba en el paradero, cómo ve la situación que ocurría, cómo avanza un paso y retrocede, temeroso. Se veía que nunca estuvo a menos de dos metros del auto y se veía también cómo el vecino que trabajaba en un lavado de autos frente a la casa asaltada fue el primero que lo golpea”.
En la audiencia, el matrimonio, compuesto por los jefes de Carlos, se sentó atrás del abogado defensor. Él relató al juez lo que ellos le habían contado, y que el dueño del video estaba disponible para entregarlo. La “teoría alternativa” con “elementos plausibles”, su “arraigo laboral” y la inexistencia de antecedentes penales hizo que el magistrado determinara arresto domiciliario, pero la fiscalía, que lo había formalizado por robo con intimidación, apeló para intentar la prisión preventiva. Los alegatos en la Corte de Apelaciones fueron al otro día, a las 9 de la mañana. El abogado defensor ya se había hecho de las imágenes. Ofreció a los ministros mostrárselas, pero ellos no lo consideraron necesario y ratificaron la cautelar impuesta.
Dos meses después, en mérito del video y con la venia del Ministerio Público, el 10 de mayo se dictaminó el sobreseimiento definitivo de Carlos por aparecer “claramente establecida la inocencia”.
“Si no hubiera existido el video, Carlos podría haber quedado preso con el sólo testimonio de las víctimas, que dijeron hasta haberlo visto sentado en el auto. Y eso nos muestra algo importantísimo: el sistema penal tiene que ser muy cuidadoso, porque las víctimas y los testigos también pueden tener una percepción equivocada de los hechos”, concluye el abogado José Henríquez.
