Créditos Imagen : Fiscalía de Chile
Persecutor jefe de Alta Complejidad Oriente hace un balance y proyecta los nudos críticos del sistema a 15 años de la puesta en marcha de la Reforma Procesal Penal en la Región Metropolitana.
Andrés López Vergara, En Estrado.
El fiscal a cargo de la Unidad de casos de Alta Complejidad de la zona Oriente, Felipe Sepúlveda, es un histórico dentro del Ministerio Público. En 2003 inició sus funciones en Rancagua y al año siguiente se desempeñó como persecutor de delitos económicos en Ñuñoa. Él estuvo en los primero pasos de la implementación de la Reforma Procesal Penal, en junio de 2005, en la Región Metropolitana, hito que permitió la puesta en marcha de este nuevo sistema que quería dejar atrás los vicios de la justicia inquisitiva, El pasado martes se cumplieron 15 años desde su puestas en marcha.
En conversación con En Estrado, el fiscal hace un balance y proyecta los nudos críticos de la Reforma Procesal Penal.
-¿Cómo fue sus primeros años en el Ministerio Público en Santiago? ¿cuáles eran las principales preocupaciones del funcionamiento interno y respecto de la persecución criminal?
-Los primeros años fueron de implementación, no solamente de la Fiscalía, sino que de la Reforma Procesal Penal, que fue a todas luces un cambio de paradigma radical y muy fuerte del sistema de enjuiciamiento criminal del país. Nuestras principales preocupaciones eran demostrar que la Fiscalía podía hacer el trabajo de forma eficiente y eficaz, muy preocupados de terminar causas lo más rápido posible, lo que hacia el contraste con el sistema antiguo, el que además de estar concebido de forma contraria a los derechos fundamentales de las personas, era lento, burocrático, poco transparente, lo que además era campo fértil para situaciones de corrupción.
-¿En qué se enfocaron?
-Nuestro interés era realizar muchos juicios orales, tanto para cumplir los estándares exigidos por la ley, como para mostrar los resultados de nuestro trabajo. Los fiscales en esos tiempos apostábamos en explotar los dividendos de la flagrancia, en desmedro, creo yo, de las investigaciones de más largo aliento, probablemente no estaban puestos los incentivos para desarrollar investigaciones de mayor complejidad, ya que como dije, se quería mostrar una justicia más rápida. Estábamos recién conociéndonos con las policías, intentando generar las debidas coordinaciones, las que no siempre funcionaron y que hasta el día de hoy requieren de permanente atención por parte de las instituciones involucradas. El énfasis de persecución criminal eran los delitos de mayor connotación como los robos violentos, los delitos de la ley de drogas o los sexuales, predominando principalmente el caso flagrante.
-¿Cuáles son los puntos de inflexión que provocaron cambios la Reforma durante estos 15 años?
-Considero que los puntos de inflexión han sido la evolución de la persecución a bandas y casos de mayor complejidad, el caso Penta y la persecución del financiamiento ilegal de la política, la preocupación por aumentar las penas de los delitos de cuello y corbata, y la creciente preocupación por personas que han sido privadas de libertad y que han terminado siendo absueltas de los cargos en su contra.
-¿Cómo ha sido la evaluación, mejoró, empeoró, necesita una actualización?
– Sin duda que la evaluación es positiva. Lo más importante es que Chile tiene un proceso penal que respeta las garantías fundamentales de los intervinientes, por cierto, que hay cosas positivas y negativas, pero más allá de ello, el balance es positivo.
-¿Cuáles son los nudos críticos actuales?¿Qué debería cambiar para más adelante?
-En la actualidad creo que hay que mejorar ciertas prácticas del sistema en su conjunto, como, por ejemplo, las audiencias que no se realizan una y otra vez por diversos motivos, la deficiente preparación de algunos juicios orales simplificados, la falta de coordinación de la Fiscalía con la policía, los escasos resultados de investigaciones de delitos de mayor connotación, la poca efectividad del sistema con los delitos de menor entidad. Los desafíos tienen que ver con que la Fiscalía persiga de igual forma en cualquier parte del país – uniformidad de criterios–, indispensable coordinación con las policías, que los malos procedimientos policiales tengan alguna incidencia en la evaluación del desempeño del policía. Hoy en día si una detención, por ejemplo, es declarada ilegal el fiscal es el único que es ‘sancionado’, en cambio el policía ni se entera de dicha situación. Por otro lado, la Fiscalía debe propender a especializar aún más a sus fiscales y a agrupar o investigar de toma conjunta delitos o fenómenos delictuales similares, más allá de lo que hablábamos existe hasta hoy.
