Lamberto Cisternas. Exministro de la Corte Suprema.
Tengo claro que enfrento un camino pedregoso, pero intentaré organizar mi opinión como una reflexión positiva en medio de las dudas y cuestionamientos que surgen a propósito de los desagraciados sucesos ocurridos en Panguipulli, y de otros más o menos recientes, que han colocado a la policía uniformada en medio de la tormenta de manera reiterada.
El título de esta columna quiere llamar la atención respecto a la generalización que se manifiesta cada vez que sucede una actuación policial que es puesta en tela de juicio por los afectados o por los medios de comunicación social. Entonces se dice que son “los carabineros” -probablemente “los pacos”- los que infringieron, no respetaron protocolos, violaron derechos humanos, etc. Y se los condena a todos, sin excepción; se los ataca por su sola presencia en la calle, tanto que el objetivo parece ser precisamente producir batallas callejeras y destrucción de todo; y también se pretende destruir los cuarteles policiales.
Está fuera de duda -y debe decirse fuerte y claro- que hay policías que se comportan de manera irregular o prepotente, a veces con consecuencias muy serias y dañinas; que deben ser sancionados -internamente y/o por la vía judicial- y que corresponde que sus superiores y el Estado asuman también la responsabilidad -directa o indirecta- que les cabe en esos comportamientos.
No puede olvidarse que la persona -y por cierto un policía- que incurre en un hecho que puede ser un delito, debe ser investigado y formalizado por el Ministerio Público, sometido a las cautelares que los tribunales determinen, acusado y juzgado en un debido proceso; respetándose la presunción de inocencia y el legítimo derecho a defensa, hasta que se dicte sentencia definitiva firme.
Lo que puede decirse incorrecto, en lo conceptual, e inconveniente, en la práctica, es aquella generalización, que enloda -o pretende enlodar, cuando es malintencionada- a todos los integrantes de la institución. Tal como sucede cuando nos referimos de ese modo a los comerciantes, los pobladores, los profesores, los médicos, los políticos, los abogados, los sacerdotes, los jueces, etc., dándoles a todos el mismo trato, a propósito de cuestiones dudosas en que se dice o creemos que están involucrados algunos de los integrantes de esos “grupos”.
El paso fácil y espontáneo, de “el carabinero” a “los carabineros”, sin mayores consideraciones, tiene importantes consecuencias. Al menos una inmediata puede señalarse como positiva: se vuelve a centrar toda la atención en la necesidad de corregir, en la exigencia de sancionar, en la urgencia -ya más que antigua y casi majadera- de reformar o modernizar la institución.
Sin embargo, varias consecuencias parecen más bien negativas. Una, también inmediata, es el traslado de las irregularidades, cuestionamientos, dudas, repudio, etc., como una mochila odiosa, al resto de los carabineros que tratan de cumplir con esmero y rectitud sus funciones a lo largo de Chile, a veces en condiciones casi heroicas. Ese resto comprende probablemente al noventa por ciento de las sesenta mil personas que laboran en la institución; que nada han podido hacer para evitar las irregularidades y que con su actuación respetuosa y con sentido de servicio a la comunidad, la prestigian en forma permanente. De ese actuar positivo y elogiable, lamentablemente poco o nada se dice.
Otra es el distanciamiento y lejanía cada vez mayor, que a veces llega al desprecio, que se ha incubado y acrecentado en muchos sectores de la comunidad hacia los carabineros, incluso generándose la idea que es posible la vida social sin orden y sin reglas, que no es necesaria la policía, por lo que sus vehículos y cuarteles deben incendiarse, y sus integrantes atacados duramente.
Por otra parte, la demasiada atención centrada en eventos diversos -muchos de ellos repudiables y merecedores de sanción-, hace natural y rutinaria la crítica y las disquisiciones sobre esos eventos y la situación de la policía uniformada, permitiendo a las autoridades de la institución y a las autoridades políticas postergar de manera increíble aquella parte de la solución que puede alcanzarse por la vía legal o reglamentaria, frustrándose cada vez más las expectativas de la ciudadanía que, quiera que no, desea una mejoría significativa en esa policía. Pasan las semanas y los meses sin que se vean frutos en ese sentido; y, quedamos a la espera del próximo bochorno, que seguramente vendrá, porque en toda organización humana hay un porcentaje que no cumple bien o cumple mal, y para eso la buena administración debe contemplar elementos de vigilancia y corrección que actúen oportunamente; lo que en esta institución se ha demostrado insuficiente.
Lo más grave, sin embargo, es que no se dan -ni tampoco se aprecian- manifestaciones de querer mejorar “desde dentro” a la institución de los carabineros; como otro estilo de mando, otra forma de relacionarse la jefatura con los subalternos o de convivencia al interior de los cuarteles, otra forma de atender a los usuarios, otra estrategia frente a las situaciones de disturbio, una formación y un enfoque realmente sentidos frente a los derechos humanos y a su respeto, por citar algunos ejemplos. En su lugar, sólo se ve una confianza ciega en las normas, en el sistema -esto es, en la reforma para unos o en la refundación para otros-, lo que, más temprano que tarde y por falta de compromisos reales, puede terminar en una crisis parecida a la que hemos presenciado en estos últimos años.
Panguipulli nos puso nuevamente en alerta. Las reacciones inmediatas -precipitadas algunas y polarizadas las más- dejaron de manifiesto la urgencia de preocuparnos en serio del tema; ojalá que no sea contra los carabineros, sino con los carabineros y no solamente su alto mando. Que nos alejemos de las declaraciones y planteamientos generales y que busquemos, con sentido de equilibrio y unidad, las soluciones que nuestra realidad nos permita, con el ánimo de irlas mejorando continuamente.
Entretanto, debe destacarse la actuación del juez de garantía, dentro del ámbito provisional en que a él le corresponde actuar: amplió el tiempo para que la fiscalía contara con mayores elementos para la formalización; aceptó la tesis de la defensa de haber sufrido el carabinero una cierta agresión, pero desestimó la legítima defensa; calificó el hecho como homicidio simple y desestimó que fuera calificado; dispuso una cautelar de bastante intensidad, aunque no la mayor; y fijó un tiempo de investigación muy prudente. Sin perjuicio que la parte querellante quedó desconforme, porque su postura era naturalmente más exigente, su respuesta fue oportuna y adecuada, transmitiendo un mensaje de equilibrio a la comunidad.
Los seres humanos muchas veces aprendemos de las experiencias duras o traumáticas. Ojalá esta vez ocurra así, para beneficio de todos.
Un saludo a los policías que tratan de hacer bien su trabajo y además deben soportar mochilas ajenas.
