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Gabriel Carrión Calderón recalcó que aún en cuarentena, la institución ha seguido garantizando los derechos de las personas imputadas.
En Estrado.
“Nuestro servicio mantiene una atención continua, a pesar de la emergencia y las limitaciones que ha impuesto la pandemia para la vida cotidiana y para el cumplimiento de las funciones públicas, algo que las tecnologías modernas y la coordinación con los demás organismos del Estado nos lo facilitan”, destacó el Defensor Regional de Tarapacá, Gabriel Carrión Calderón, al reseñar la forma en que la institución supera las dificultades con las que opera durante la actual cuarentena sanitaria, que volvió a aplicarse en las comunas de Iquique y Alto Hospicio.
El directivo hizo especial mención al deber que pesa sobre todo defensor o defensora pública, de velar para que los derechos y garantías de las personas bajo su responsabilidad sean respetados y que, frente a cualquier atisbo de vulneración, se siga el conducto regular para representar aquello ante el juez de garantía competente.
“Tal deber es ineludible, especialmente con los más vulnerables, como es el caso de los adolescentes, las mujeres, los migrantes o integrantes de pueblos originarios”, puntualizó.
Carrión explicó también que “dicha obligación toma una especial importancia cuando el destinatario de la defensa es un o una adolescente. Así, la discusión de eventuales vulneraciones o infracciones a los derechos y garantías por terceros (particulares o servidores públicos) frente a un juez de la república, jamás puede ser entendida de forma diversa o contraria a la ley. Precisamente, la idea es que se levante el debate ante la judicatura, con el objeto de que quien tiene la potestad de resolución las conozca y resuelva conforme lo mandata nuestra Carta Fundamental”, sostuvo.
RESPALDO A DEFENSORES
En el mismo sentido, el Defensor Regional afirmó que en el ejercicio de sus funciones y teniendo como norte la misión de la Defensoría Penal Pública, “todos los defensores penales públicos serán siempre respaldados dentro del marco de la legalidad vigente y en el cumplimiento de sus deberes funcionarios efectuados al amparo de la ley”.
Agregó que, cuando se pretenda cuestionar aquella conducta lícita, “la Defensoría Regional de Tarapacá respaldará a la persona cuestionada por el ejercicio legítimo de su función pública, más aún si es por representar vulneraciones de los derechos y garantías de sus usuarios ante los tribunales de justicia”.
El jefe regional de la defensa pública detalló que, sin descuidar la atención in situ en los casos necesarios, se ha priorizado el uso de los teléfonos o el correo electrónico para mantener el contacto con los usuarios que antes acudían a las oficinas. Para aquellos que son detenidos en cuarteles policiales o quienes permanecen al interior de los recintos penales de la zona se ha perfeccionado un sistema de videoconferencias, “que permite una comunicación más cercana y también sanitariamente segura”, concluyó.
Fuente: DPP
