Defensor Regional de La Araucanía: «La reforma procesal penal fue un hito histórico que cambió un sistema de juzgamiento de más de un siglo»

Oct 16, 2020 | Actualidad

Al rendir cuenta de la labor institucional, Renato González destacó las especiales circunstancias que han rodeado este año y los meses finales del anterior.

En Estrado.

En una ceremonia marcada por el distanciamiento social que provoca la emergencia sanitaria que enfrenta el país, el Defensor Regional de La Araucanía, Renato González Caro, rindió este jueves su cuenta pública anual vía remota, centrándose en el quehacer de la institución a 20 años del inicio de la reforma procesal penal, con temas relevantes como el estallido social, la pandemia de Covid-19 y la situación de las personas privadas de libertad que pertenecen al pueblo mapuche.

González partió recordando que en diciembre próximo se conmemoran dos décadas de vigencia de la reforma procesal penal, proceso que constituyó un hito histórico del sistema procesal penal, en que la región de La Araucanía tuvo un rol esencial -junto con la región de Coquimbo-, por haber sido las regiones que iniciaron este cambio estructural.

«La reforma progresivamente eliminó el sistema inquisitivo y secreto por otro de tipo adversarial y acusatorio, cambiando así por completo la forma de entender y ejercer la justicia criminal en el país, al dividir las funciones de investigar, procesar y dictar sentencia en las causas», explicó el directivo.

Según el abogado, entre los avances del sistema están «los juicios orales y públicos como un elemento central de las garantías del imputado, además de especializar la función de los jueces -orales o de garantía-, éstos últimos encargados de controlar la legalidad de las actuaciones de los intervinientes en todas las etapas del proceso penal. La oralidad y publicidad difieren totalmente del sistema anterior, escrito y secreto», enfatizó.

PROPUESTAS
Renato González valoró que la reforma instalara definitivamente el derecho a defensa, el debido proceso y la garantía de presunción de inocencia en el país. Sin embargo, también mencionó algunas propuestas estructurales para perfeccionar el sistema, sobre todo en relación con los aprendizajes tras lo ocurrido durante el estallido social y la actual crisis sanitaria.

«Primero, la creación de un sistema jurisdiccional de ejecución penal, que asegure el control judicial de todo el procedimiento penal y promueva efectivamente la reinserción de los penados. Y en segundo lugar, la consagración definitiva de la autonomía constitucional de la Defensoría Penal Pública, porque resulta esencial que quien defiende derechos fundamentales cuente con un sustento institucional que garantice su plena independencia para velar exclusivamente por los intereses de las personas a las que representa, con altos niveles de control internos y externos, que garanticen la responsabilidad del Estado en tutelar jurídica y eficazmente un derecho fundamental», explicó.

DEFENSA MAPUCHE Y PENITENCIARIA
En su discurso, el Defensor Regional también hizo un balance de la situación en la que se encuentran las personas del pueblo mapuche que se encuentran privadas de libertad.

«La Defensoría Penal Mapuche, la Unidad de Defensa Penitenciaria y la Unidad de Estudios han tenido que extremar sus esfuerzos para brindar una defensa especializada intercultural en una situación de frágil equilibrio. Las huelgas de hambre sostenidas durante varios meses por algunos de nuestros representados mapuche, no son sino el corolario de una historia lamentablemente conocida, que dice relación con el grito de respeto hacia una cultura originaria que exige ser escuchada, con el exceso en el uso de la prisión preventiva, con la aplicación real de las normas que inspiran el Convenio 169 de la OIT y con una serie de demandas en la forma de cumplimiento de las condenas al interior de los recintos penitenciarios», sostuvo.

En ese contexto, agregó que las defensoras y defensores públicos, con el apoyo de otros profesionales de la Defensoría y a través de diversos recursos e instancias judiciales y administrativas que permite el ordenamiento jurídico, «han realizado numerosas presentaciones para exigir el respeto de cada una de las garantías judiciales que reconocen las leyes y los tratados internacionales a quienes son parte de los pueblos originarios», aseguró.

PANDEMIA
Otros de los temas destacados por el directivo fue el trabajo desempeñado por la Defensoría tras el cierre de las oficinas producto de la pandemia y la estricta cuarentena sanitaria que se estableció en la región a partir del 17 de marzo.

«Hemos debido extremar los esfuerzos para seguir desarrollando las funciones de defensa de una manera diversa a la acostumbrada, a través de las plataformas digitales. Ejemplo de ello son las entrevistas a nuestros usuarios, las audiencias de personas privadas de libertad, el aumento en la revisión de prisiones preventivas ante el evidente peligro para la salud que implica estar privado de libertad en este tiempo; la discusión, defensa y realización de juicios orales a través de un sistema semipresencial, que nos permita garantizar el control de la prueba y tener contacto directo y privado con nuestro representado durante el desarrollo del juicio oral. Todo ello, sustentado con la irrenunciable convicción del respeto de las garantías judiciales que conforman la idea central del debido proceso», señaló.

COMPROMISO SOCIAL
González recordó que en octubre de 2019 comenzó un proceso conocido como ‘estallido social’, en que la institución se vio particularmente comprometida debido al aumento significativo de detenciones de personas por manifestaciones sociales.

«Desde el inicio de las manifestaciones sociales, nuestras defensoras y defensores, principalmente en Temuco, concurrieron hasta las comisarías y permanecieron en las mismas para ver la situación de las detenidas y detenidos hasta altas horas de la madrugada. Este trabajo no sólo fue necesario y de excelencia, sino que se desarrolló con un gran sentido de compromiso social, en concordancia con nuestra misión institucional», indicó González.

CUENTA PARTICIPATIVA
Al termino de su discurso, el Defensor Regional recibió consultas de cuatro personas destacadas en distintos ámbitos a nivel nacional y regional, como son Patricia Muñoz García, Defensora de la Niñez; Emilia Nuyado Ancapichun, diputada por el distrito Nº 25 (región de Los Lagos); Jorge Montecinos Medel, ex presidente del Centro de Estudiantes de Periodismo de la Universidad de La Frontera y actual consejero de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la UFRO, y la pro-rectora de la Universidad Católica de Temuco, Marcela Momberg Alarcón.

Luego de responder cada una de las consultas, Renato González fue invitado al programa “Defensoría Abierta”, conducido por el periodista Alexis Matamala y que la institución transmite en sus cuentas de diferentes plataformas virtuales y redes sociales.

CIFRAS PRINCIPALES
La cuenta pública incluyó la difusión de algunas cifras relevantes del período 2019-2020, a propósito del estallido social y la emergencia sanitaria..

En 2019 ingresaron 21 mil 227 causas en la región. El 18,6 por ciento corresponde a mujeres, el 5,7 por ciento a adolescentes, el 19,1 por ciento a personas de pueblos originarios y el 0,65 por ciento a extranjeros.

Los principales delitos fueron lesiones (22,62 por ciento), los delitos contra la libertad e intimidad de las personas (15,75 por ciento), los delitos de la Ley de Tránsito (13,55 por ciento), el hurto (10 por ciento) y otros delitos contra la propiedad (7,59) por ciento.

Ese mismo año se decretaron 14 mil 895 medidas cautelares, contexto en que la prisión preventiva y la internación provisoria de adolescentes alcanzó el 6,7 por ciento. Además, en el mismo período mil 808 personas enfrentaron a la justicia y terminaron siendo absueltas o sobreseídas, de las cuales 49 estuvieron privadas de libertad siendo inocentes. El 85  por ciento estuvo en prisión hasta seis meses y el 15 por ciento lo estuvo entre seis meses y más de dos años.

Al respecto, el Defensor Regional hizo un llamado en torno a la aplicación de la medida cautelar más gravosa: «Año a año advertimos sobre la necesidad de un uso racional de la prisión preventiva y que ésta no sea utilizada como una pena anticipada», señaló.

Agregó que 2019 estuvo marcado por las movilizaciones sociales del estallido social, con cifras que impactaron en la gestión de la Defensoría. De hecho, si de octubre a diciembre de 2018 hubo 4 mil 736 personas imputadas, el total de ingresos en los mismos meses de 2019 sumó a 5 mil 4 personas imputadas.

«Entre octubre y diciembre de 2019 tuvimos 3 mil 963 controles de detención, 203 más que entre octubre y diciembre de 2018. De la misma manera, en el último trimestre de 2019 se declaró la ilegalidad de la detención en 94 oportunidades, 46 casos más que el año anterior», señaló Renato González.

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