M. Soledad Alonso Baeza. Abogada de la Universidad Diego Portales. Actualmente colabora en el estudio de Lillo Orrego Torre & Cía. Abogados y en Allende, Acevedo y Mujica Abogados. Asesora en implementación de programas de cumplimiento y modelos de prevención de delitos.
Las modalidades con que cuenta la Administración del Estado para proveer de bienes y servicios a los ciudadanos a través de la plataforma ChileCompra, son las licitaciones públicas y privadas, los tratos directos y las compras por convenio marco. Todas ellas reguladas en la Ley Nº 19.886 de 2003.
Sin embargo, con la pandemia las reglas de funcionamiento y la transparencia se han visto alteradas debido a la necesidad urgente de abastecer a hospitales, municipalidades y ministerios con insumos principalmente médicos para hacer frente a la crisis sanitaria.
Con el Estado de Excepción Constitucional, para facilitar la agilidad en las compras, se suspendieron ciertas condiciones que rigen en tiempos normales para resguardar la transparencia y la probidad en las compras públicas, pero que implican que los procesos de adquisición se tarden más. Así, se eliminó el requisito de licitar para que participen varios competidores y se elija la mejor oferta al comprar. También se suspendió la norma de compras ágiles que requiere tres cotizaciones de los proveedores antes de asignar los contratos, aunque sea por trato directo, aumentado este último considerablemente.
En este contexto, el aumento del trato directo responde a la necesidad de reaccionar rápidamente, puesto que minimiza los tiempos del Ejecutivo, desplazando a la licitación pública como opción por la larga duración del proceso de tramitación. Sin embargo, los tratos directos, las licitaciones con único oferente y la ausencia de documentación importante para llevar a cabo estos procesos – como las órdenes de compra – conllevan altos riesgos de corrupción y baja calidad en el suministro de los servicios. De acuerdo con las investigaciones del Observatorio Fiscal[1] se requiere de monitoreo especial para aumentar la transparencia en este tipo de compras. Así, los datos del estudio reflejan que el peso de las compras realizadas por trato directo ha cobrado mayor relevancia sobre el total de compras realizadas por las distintas modalidades. A junio de 2020, los tratos directos representaron un 40% del monto total tranzado, comparado con un 15% a junio de 2009, mientras que las licitaciones públicas disminuyeron de 72% a junio de 2009 a 47% a junio de 2020.
Por otra parte, las justificaciones entregadas para el uso de trato directo han variado pasando históricamente de “Proveedor único” (44% a junio de 2019) a Emergencia (54% a junio 2020) y “Confianza en los proveedores”, que si bien concentra un porcentaje menor (5% a junio de 2020), según el informe abre un espacio de discreción que no se justifica y debiera eliminarse. Tanto respecto de los procesos como de las justificaciones esgrimidas señaladas, el estudio sugiere mayor transparencia en la información de ChileCompra incluyendo datos, por ejemplo, sobre los responsables de la compra, ofertas descartadas, y aumentos de valor del contrato de forma posterior, control a la aplicación de las justificaciones para realizar tratos directos, entre otros.
Un reciente reportaje de Ciper[2] revela que mientras en 2020 la economía chilena sufrió las consecuencias de las cuarentenas y el receso de varias actividades productivas, algunos han convertido la emergencia sanitaria en un negocio millonario creando rápidamente empresas para vender al Estado insumos y servicios para combatir el Covid-19. Lo llamativo habría sido que cerraron los negocios a sólo días de constituir las sociedades.
Al parecer, el acceso a los organismos públicos por parte de los proveedores se relaciona, en algunos casos, con vínculos familiares y políticos según lo revela la investigación del medio periodístico[3]. Algunas de las empresas que han vendido suministros médicos a los hospitales, se han constituido legalmente como sociedades uno o dos días después de adjudicada la oferta por trato directo. Otras han realizado un cambio de rubro exprés poco antes de recibir la orden de compra. Estas situaciones, así como los sobreprecios pagados por artículos médicos de primera necesidad, están siendo investigadas a través de sumarios administrativos para luego entregar los antecedentes al Ministerio Público. En otros casos, la fiscalía ya se encuentra investigando licitaciones de cajas de alimentos adjudicadas por la Intendencia de Tarapacá.
La necesidad de transparentar la información en todos estos casos, ayudan a prevenir, detectar, investigar, enjuiciar y reducir la corrupción. Los datos abiertos – que son un bien público – según la OCDE (2017) fomenta la colaboración activa en los esfuerzos de lucha contra el fenómeno de la corrupción tanto en el sector público como en el privado.
En el último reporte de Transparencia Internacional (TI) 2020[4] nuestro país obtiene el lugar 25, dos puestos por sobre lo registrado en 2019, pero con el mismo puntaje (67) que la medición anterior, lo que significa un estancamiento en esta materia, ya que el avance que tuvimos se debe al beneficio que nos otorga el peor desempeño de otros, como la caída de Estados Unidos, pero claramente nos mantenemos con la misma puntuación de hace varios años.
El informe advierte – por parte de los gobiernos – un manejo precipitado y opaco en los procesos de contratación, para enfrentar la emergencia sanitaria, con grandes oportunidades para la corrupción y el desvío de recursos públicos, haciendo un llamado – entre sus recomendaciones – a que dichos procesos sean abiertos y transparentes para combatir las irregularidades, identificar conflictos de interés y garantizar precios justos. Asimismo, enfatiza como especialmente relevante la necesidad de publicar los datos desglosados sobre gastos y distribución de recursos en situaciones de emergencia, ya que permite actuar con políticas justas y equitativas.
Nuestro país no puede permanecer en la opacidad y falta de transparencia en lo que respecta a las compras públicas de insumos durante la crisis sanitaria. Los casos denunciados por el medio periodístico citado deben ser esclarecidos y explicados a la ciudadanía. La calidad de la democracia, el Estado de Derecho y la confianza en las instituciones públicas no pueden seguir debilitándose más.
Cada vez que alguien se adjudica un contrato alterando las reglas de igualdad entre quienes intervienen en una determinada actividad, se origina una desigualdad oculta. Cuando se favorece solo a quienes están dispuestos a pagar o a quienes tienen parentesco, amistad o afinidad política con la autoridad que toma la decisión de adjudicar, además de vulnerar el correcto desempeño de la función pública, nos vamos muriendo como sociedad.
Las investigaciones señalan que la corrupción afecta negativamente el acceso de la población a servicios sanitarios de calidad, por lo que el precio lo paga siempre el más vulnerable. El menos privilegiado.
[1] José Mora González, Fundación Observatorio Fiscal, Compras del Sector Salud a junio 2020, 20.08.2020.
[2] Sobreprecios y vínculos familiares en compras públicas a empresas creadas en pandemia, publicada el 23.01.21, https://www.ciperchile.cl/2021/01/23/sobreprecios-y-vinculos-familiares-en-compras-publicas-a-empresas-creadas-en-pandemia/
[3] Reportaje de investigación en alianza con el programa Lupa del Centro Internacional para periodistas, liderado por Salud con Lupa, y de la plataforma COONECTAS, con la colaboración de El Mercurio de Antofagasta.
[4] Índice de Percepción de la Corrupción 2020. www.transparency.org/cpi
