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Andrés López Vergara, En Estrado.
“Exhortar a defensoras/es, a fiscales, y a juezas y jueces, en el marco de sus respectivas competencias, a que ante las conductas u omisiones gubernamentales o de empresas farmacéuticas, en la distribución, administración, control, y aplicación de vacunas destinadas al Covid-19, arbitren las medidas respectivas para garantizar efectivamente el derechos a la salud y el derecho a la vida, ya sea mediante la promoción de las acciones judiciales respectivas en el caso de defensoras/es y de fiscales, y del oportuno dictado de decisiones jurisdiccionales por parte de juezas y jueces competentes”.
Esa fue una de las resoluciones que tomó el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y Doctrina Franciscana a raíz de dar seguimiento de la disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de las vacunas contra el Covid-19 -de manera universal- para toda la población mundial, y especialmente para las poblaciones más pobres de América. Para esto emitió una declaración que fue aprobada para “comunicarlo de inmediato -a través del señor Presidente y de la señora Vicepresidenta- al Santo Padre Francisco, a la Organización Mundial de Comercio, y a la Organización Mundial de la Salud”.
Este organismo está compuesto por Roberto Andrés Gallardo (Presidente – Argentina), Ana Inés Alagorta (Vicepresidenta – Brasil), María Julia Figueredo (Colombia), Daniel Urrutia (Chile), Gustavo Daniel Moreno (Argentina), y Janet Tello (Perú).
Postura
En la misiva plantean que “en la actualidad, resulta altamente preocupante que las vacunas contra la enfermedad provocada por el virus Sars-Cov2, no se encuentren disponibles y accesibles -de manera universal- para toda la población mundial, y especialmente para las poblaciones más pobres de Asia, África y América Latina”.
Agregan que “la efectividad de las vacunas requiere de una logística de distribución que no todos los países pueden cumplir, en virtud de los obstáculos logísticos y tecnológicos (ej. temperatura refrigerada a la cual deben almacenarse algunas vacunas, transporte, personal sanitario, etc.), que se acrecienta para organizar la distribución de las vacunas en zonas de difícil acceso. La adquisición desproporcionada de dosis de vacunas por parte algunos Estados acaudalados, superando su población, provoca una reducción en la oferta de vacunas, y una consecuente demora para el acceso de vacunas para otros países con menores niveles de ingreso”.
“La prioridad en la aplicación de las vacunas debe establecerse para profesiones que presten servicios esenciales, y para los grupos de riesgo, con las modalidades propias que establezca cada Estado sobre la base de un estricto y efectivo control estatal en el orden de administración, con relación a las propias autoridades estatales y a las entidades privadas que pudieran encargarse de la distribución; con el fin inmediato de evitar vacunaciones irregulares por fuera de los protocolos establecidos para la aplicación de las vacunas, como ya ha sucedido en distintos países con altos funcionarios, y/o sus familiares, y/o sus allegados. La explotación comercial no puede resultar un criterio válido frente a la emergencia sanitaria que vive el mundo, por lo que la producción de las vacunas debería realizarse en base a un criterio de colaboración entre Estados nacionales y las empresas farmacéuticas, a los fines de que tal producción pueda llevarse adelante en distintas partes del mundo”, establecen.
Lea acá la declaración.
Declaración COPAJU - WTO - FINAL
