Rodrigo Ríos Álvarez, abogado, docente de la U. Finis Terrae y miembro del Comité del Proyecto Inocentes.

Desde su creación en el año 2013, el Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública ha seleccionado 70 casos de personas a quienes se les ha imputado la comisión de un delito y luego ha quedado comprobada judicialmente su inocencia. Esto es, personas que han sido absueltas, quedando nítidamente establecido el error que generó su injusta privación de libertad, así como personas sobreseídas definitivamente cuando el hecho investigado no fuere constitutivo de delito o cuando apareciere claramente establecida su inocencia.

De estos 70 casos sólo 10 de dichas personas demandaron al Estado por indemnización de perjuicios, y de ellos solo 3 han recibido una indemnización estatal (2 por sentencia definitiva y 1 por transacción). Estas decisiones indemnizatorias fueron obtenidas luego de procedimientos que tuvieron una duración promedio de 5 años.

Las razones de este escenario pueden explicarse, entre otras razones, por los elevados estándares que nuestra legislación establece para tener por configurado un error judicial (condición subjetiva que las conductas estatales sean “injustificadamente erróneas o arbitrarias”).

Además, existe un alto desincentivo para iniciar un nuevo procedimiento que tendrá como contraparte al Estado (que fue aquel que los privó injustamente de libertad), teniendo presente la excesiva duración de este tipo de juicios.

Se constata con ello una importante disociación con las obligaciones internacionales que Chile ha suscrito en esta materia y que establecen que “toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación (art. 9.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

Por ello, se requiere asumir que estamos ante un problema que en cuanto a sus efectos trasciende lo meramente jurídico (por ejemplo, impacto familiar, social, laboral) y que necesita de manera urgente una reforma legislativa que establezca procedimientos efectivos y eficaces de reparación para aquellas personas que han estado privadas de libertad de manera injusta a causa de actuaciones estatales.