Créditos Imagen : DPP, www.dpp.cl, Fiscalía de Chile
Por equipo de En Estrado
El abogado fue parte de los principales actores que en 2005 participaron de la implementación del nuevo sistema de justicia penal que dejó atrás el modelo inquisitivo y dio paso para a un nuevo esquema acusatorio. En entrevista con En Estrado, recordó cómo vivió el proceso que este mes cumplió 15 años de su entrada en vigencia en la Región Metropolitana y cuáles son las principales mejoras que –a su juicio- se podrían implementar.
El 16 de junio de 2005 se puso en marcha en la Región Metropolitana, la Reforma Procesal Penal, siendo la última región donde se implementó el nuevo sistema de justicia que dejaba atrás el modelo inquisitivo y daba paso a un sistema acusatorio, con una promesa de transparencia y la división de las funciones de investigar, procesar y dictar sentencia.
Hoy, 15 años después, uno de actores principales que participaron en el desafío, desmenuza en entrevista con En Estrado, lo bueno, lo malo y lo feo del nuevo sistema de procesamiento penal que opera hasta hoy: Carlos Mora Jano.
Lo bonito
El abogado, hoy en el mundo privado, fue parte de la Defensoría Penal Pública desde su creación en 2001, cuando se inició la aplicación gradual de la Reforma, específicamente, en Coquimbo y La Araucanía.
En ese entonces, ejerció como defensor local de Villarrica y Pucón, lo que le valió que en 2005 fuera convocado para integrar la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional Metropolitana Norte y aplicar su experiencia en regiones, en la capital.
“Las principales preocupaciones que tuvimos previo a la implementación de la reforma en Santiago, fueron respecto a cómo iba a funcionar -en la práctica- el Centro de Justicia; cómo se iban a ordenar los tribunales; cómo se iban a organizar los tiempos para las audiencias de controles de detención; y cómo se realizarían los turnos tanto para los jueces, el Ministerio Público y las Defensorías”, recuerda Mora.
“Fue un periodo de muchas reuniones de organización con el Poder Judicial y con la Fiscalía, y con muy buen ‘feed back’”, agrega el abogado, quien hasta marzo de este año se desempeñó como Defensor Regional Metropolitano Norte.
“Además, teníamos muchas capacitaciones interinstitucionales que arrojaron excelentes resultados respecto a cómo iban a realizarse las dinámicas de las audiencias más allá de los debates, lo que permitió poder organizar, también, todo el funcionamiento en tribunales y las relaciones de todos los intervinientes”, detalla, mencionando que “lo mismo sucedió con respecto al funcionamiento con las Cortes de Apelaciones, las Salas, los turnos, etc.”.
“Gracias a ello, avanzó todo de manera efectiva para que tuviéramos una buena organización y echar a andar esta tremenda máquina que era el Centro de Justicia de Santiago y sus similares en las comunas aledañas de la región, como Colina, Curacaví y San Bernardo”.
Lo malo
Carlos Mora ejerció casi 20 años en el servicio público. Y desde la experiencia desglosa las principales dificultades que ha experimentado el nuevo sistema de justicia.
“De todo el tiempo que llevamos de Reforma Procesal Penal, el gran problema que hemos tenido es el contante cambio legislativo. Ha habido demasiados, el Código Procesal Penal actual es distinto al que estaba en el año 2001, entonces, creo que han existido retrocesos de garantías a las personas versus a la persecución penal”, dice.
“Se ha caído mucho en un populismo penal y eso ha sido complejo en los últimos años, creo que ha habido modificaciones que no han tenido los resultados señalados a la opinión pública como necesarios para frenar la delincuencia. Ahí confunden dos cosas que no tienen relación: una cosa es la prevención y otra cosa es el delito propiamente tal, donde se ejerce la Reforma Procesal Penal”, argumenta Mora.
Y asegura que el nuevo sistema de procesamiento “no fue creado pensando en que no ocurrieran delitos, para eso está la prevención, que recae en otros poderes del Estado”.
“La Reforma Procesal Penal está pensada para que, una vez que se cometa el delito, se empiece a actuar a través de la persecución penal y a través de la justicia. Las personas están buscando no ser víctimas de un ilícito, pero eso no tiene que ver con la Reforma”, insiste.
“Entonces, qué ha pasado con eso, se ha vendido una expectativa a la ciudadanía a través de modificaciones legales y, esas expectativas de las personas, no han sido cumplidas porque –justamente- son cosas distintas. Por ejemplo, se han modificados las facultades de persecución del Ministerio Público contra delitos de la propiedad y la pregunta es ¿han bajado esos delitos? Pareciera ser que es lo mismo y que la percepción de la gente no ha bajado”, analiza, mencionando que “las modificaciones legales que tienen relación con más facultades investigativas, o de persecución o penas más altas, no dan el resultado que se busca transmitir a la opinión pública y que tiene que ver con la disminución -por lo menos- de la percepción del delito”.
“Donde creo que hay que poner más recursos es en la prevención, es decir, en las policías, en las políticas de persecución o en inteligencia, pero en el Sistema Procesal Penal, tienen que pensar en otras cosas, por ejemplo, que los procesos penales sean muy breves en comparación a cómo eran en el sistema antiguo”, dice Carlos Mora.
Lo bueno
Pero en un escenario de constante aprendizaje, agrega el abogado, “evidentemente creo que se pueden mejorar muchas cosas, como acercar a la ciudadanía al sistema judicial”.
“La gente se encuentra muy alejada y no lo entiende no sabe por qué una persona tiene una pena determinada o por qué un imputado es declarado inocente, siendo que con anterioridad un fiscal afirmó que efectivamente el sujeto tendría responsabilidad en determinados hechos”, comenta.
Y recomienda que “una de las maneras de acercar la justicia al común de las personas es a través del Sistema de Jurado. Creo que es el gran desafío que tiene nuestro modelo de justicia y donde la gente podrá -de alguna manera- participar de estos procesos y tener una opinión influyente en relación a valorar la pruebas que han sido presentadas en un juicio”.
Mora también apunta a la necesidad de aportar mayores recursos para efectos de la reinserción social y capacitación para quienes están privados de libertad, como una manera de bajar los niveles de reincidencia.
“Se deben mejorar ciertas políticas públicas y fortalecer, por ejemplo, la ley de Responsabilidad Penal Adolescente, no sacamos nada con legislar si no se aplican los recursos necesarios para que los jóvenes salgan adelante”, explica.
Por último, asegura que “es indispensable que todos los organismos cuenten con un ente controlador, estamos al debe con el Ministerio Público, y si bien ellos son autónomos, tienen que tener una entidad que controle ciertos procedimientos y procesos internos. Nadie puede ser evaluador de uno mismo y eso ya lo hemos visto en los problemas que ha enfrentado internamente la fiscalía y que han sido muy difundidos por la prensa”, concluyó Mora Jano.
