Créditos Imagen : Poder Judicial
Andrés López Vergara, En Estrado.
La Asociación Pensamiento Penal Chile emitió una declaración pública en que manifiesta su rechazo a la acusación constitucional en contra de la magistrada Silvana Donoso, que tras ser aprobada por la Cámara de Diputados pasó su análisis al Senado.
Esta agrupación reúne a abogados penalistas y otros profesionales de distintas áreas expertos en derechos humanos y situación penitenciaria.
“Queremos manifestar nuestro total rechazo a la decisión de la Cámara de Diputados de aprobar la acusación constitucional en contra de la Ministra de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, funcionaria judicial con 20 años de servicio público, cuya función en la judicatura se ha caracterizado por plasmar en sus resoluciones el respeto irrestricto de los derechos humanos, la protección de los más vulnerables, de las minorías y la incorporación de perspectiva de género en sus resoluciones”, señalan.
Agregan que “como ya lo ha planteado la propia vocera de la Excelentísima Corte Suprema, Ministra Gloria Ana Chevesich, creemos firmemente que la acusación constitucional es una amenaza contra la independencia judicial y la imparcialidad de la cual deben gozar los jueces, poniendo en peligro la autonomía de la magistratura nacional, pilar fundamental de un Estado Constitucional de Derecho. La ministra Silvana Donoso, quién presidió una Comisión de cinco jueces y juezas que concedió el año 2016 la libertad condicional a Hugo Bustamante, sindicado como el autor del femicidio de una adolescente, no ha incurrido en un notable abandono de deberes ni ha hecho una aplicación errónea de la ley a sabiendas, con intención torcida y dolosa, como exige la norma para poder hacer procedente una acusación de este tipo”.
“La naturaleza de la institución de la Acusación Constitucional es eminentemente política. Hoy es aplicada a funcionarios del Poder Judicial, cuya función no es política, lo que ya es cuestionable. Este instrumento no puede utilizarse para controlar el contenido de las decisiones judiciales, ni menos usar el lamentable hecho delictivo que ha afectado a una niña, como arma electoral aprovechándose de una sentida emotividad popular”, plantean.
Manifiestan que “la acusación constitucional, lo que hace es instrumentalizar políticamente el homicidio de dicha adolescente, imputando notable abandono de deberes a quién tiene una carrera impecable, donde se intenta utilizar a una persona por las fallas de todo un sistema, haciéndonos perder el foco de lo más relevante: la necesidad de una ley de ejecución penal para Chile y un sistema de protección integral a la infancia que opere de modo preventivo evitando que los niños y niñas de Chile sigan siendo permanentemente vulnerados. Es irracional que se pretenda invocar en este caso una torcida interpretación de la ley por parte de la Ministra Silvana Donoso, pues, de hecho, son los jueces los únicos autorizados para interpretar la ley y aplicarla al caso concreto”.
“Parece más fácil responsabilizar a una mujer por las fallas de todo un sistema, que realizar un análisis serio de por qué no se protegió a la joven víctima del cúmulo de vulneraciones a que fue expuesta durante casi toda su vida. Es más simple, culpar a quien hace cuatro años presidió la comisión que le otorgó la libertad al hoy imputado en el denominado ‘Caso Ámbar’, que preguntarse que hizo Gendarmería para controlar ese beneficio otorgado o si la reinserción social existe en Chile. Demás está decir que se está culpando a una mujer por la muerte de la joven y no por el otorgamiento de la libertad condicional, sino este juicio político habría sido realizado hace cuatro años y no hoy”, finalizan.
