Información fue entregada ayer por el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, en el webinar organizado por el Conversatorio Judicial y patrocinado por En Estrado. También adelantó las propuestas que han suscitado acuerdo en la mesa de trabajo sobre el sistema penal.

Andrés López Vergara, En Estrado.  

Por mas de tres horas se extendió el debate y propuestas que jueces, autoridades, defensores plantearon en el segundo webinar del Primer Ciclo de Charlas de Conversatorio Judicial, el espacio de diálogo y debate creado por la jueza de garantía Vania Boutaud Mejías, que busca reunir a especialistas para intercambiar ideas en torno al Derecho Penal a nivel local e internacional.

La actividad patrocinada por En Estrado se enfocó en el análisis del Proceso Penal a 20 años desde la entrada en vigencia de la Reforma y el impacto que generó la pandemia en el sistema. En la actividad participó el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela; el Director Ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas Jaime Arellano; la fiscal jefe de la Fiscalía de Primeras Diligencias Centro Norte, Macarena Cañas; el Jefe de Estudios de la Defensoría Metropolitana Norte Octavio Sufán; y el ministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Antonio Ulloa.

Suspensión de causas

Durante su exposición, el subsecretario Valenzuela describió los efectos del Covid-19 en los tribunales de justicia. Según las cifras entregadas, al 4 de junio de este año ingresaron 132 mil causas a los tribunales de garantía y de juicio oral.

En el caso de los juzgados de garantía, hubo 134 mil audiencias realizadas y se suspendieron 91 mil, de las cuales el 87% corresponde a situaciones relacionadas con la crisis sanitaria. Al desglosar, fueron los procedimientos simplificados los más aplazados (21%) y las formalizaciones de la investigación (15%).

En tanto, en sede oral se realizaron 4.444 audiencias y se suspendieron 3.797, de las cuales un 94% corresponde a juicios orales. La autoridad también planteó que se proyecta que si el sistema penal vuelve en septiembre a funcionar con normalidad, habrá una sobrecarga de 50% de casos.

“A mediados de septiembre termina el estado de excepción y debemos tener una ley con ciertos cambios para adaptar el sistema. Al 4 de junio había casi 100 mil audiencias que se habían suspendido, prorrogado o reprogramado. Afortunadamente, en los datos que hemos visto en las últimas sesiones el nivel de gestión de causas ha ido aumentando semana a semana. Con todo, aquí hay una proyección a fines de septiembre de que el sistema si vuelve en su completa normalidad va a tener una sobrecarga en promedio general del 50% de casos”, señaló el subsecretario.

Acuerdos y desacuerdos

El subsecretario dio cuenta de los puntos de acuerdo entre los distintos actores del sistema penal que forman parte de la mesa de trabajo. Estos son “exigir la comparecencia del imputado a la audiencia de preparación de juicio oral; evitar la realización de audiencias de juicio oral, en aquellos casos en que habrían existido buenas razones para terminarlas mediante juicio abreviado (discusión no se centra en torno a pruebas o suficiencia probatoria, sino más bien en aspectos jurídicos y de determinación de pena); se acuerda el envío a la víctima, junto con la notificación de la realización de la Audiencia de Preparación de Juicio Oral, de un texto en el que se detallan los derechos que le asisten; posibilidad de acordar convenciones probatorias al finalizar la audiencia de preparación de juicio Oral, es decir con el objetivo de evitar la inclusión de medios de prueba que sean redundantes, inconducentes o innecesarias en el juicio oral, se acuerda extender, más allá del auto de apertura de esta audiencia, la posibilidad de que los intervinientes puedan alcanzar convenciones probatorias”.

Otras de las medidas acordadas fueron “acotar extensión de la suspensión condicional del procedimiento en el ámbito de la ley Nº 20.084; incorporar una ‘última oportunidad’ para que el imputado pueda someterse al procedimiento abreviado en aquellas causas en que exista un auto de apertura firme y ejecutoriado y que aún no ha sido remitido al TOP, en cuyo caso sería competente el juez de garantía para conocer de tal procedimiento; y la incorporación de un catálogo de delitos respecto a los cuales podría proceder un acuerdo reparatorio“.

Sobre las propuestas en que no hay acuerdo, el subsecretario indicó que estas son la ampliación de 5 a 10 años para la procedencia del procedimiento abreviado; la posibilidad de discutir la procedencia del abreviado en la audiencia de juicio oral; eliminar la autorización del Fiscal Regional la decisión de solicitar la SCP, respecto de los delitos señalados en el artículo 237 del C.C.P; y establecer, de manera excepcional, y respecto de las causas que se encontrasen suspendidas en TOP durante la vigencia de la Ley N° 21.228, que éstas vuelvan a sede de Garantía a fin de reexaminar si se puede llegar a acuerdo entre las partes.

Reviva acá la jornada

CONVERSATORIO | RADIOGRAFÍA JUDICIAL AL PROCESO PENAL

CONVERSATORIO | RADIOGRAFÍA JUDICIAL AL PROCESO PENALTEMAS:1.- Justicia Penal en Latinoamérica en tiempos de Covid-19.2.- El Proceso Penal a 20 años de su implementación: desafíos actuales.3.- Jueces, Fiscales y Defensores: un trabajo colaborativo para enfrentar la crisis sanitaria.

Posted by En Estrado on Thursday, 30 July 2020