En Estrado.
La justicia con enfoque de género es un tema que cruza desde el Poder Judicial, la Defensoría y el Ministerio Público. La semana pasada se registró un hito en una investigación llevada adelante por la fiscalía de Peñalólén-Macul, perteneciente a la zona Oriente, que derivó en una de las condenas más altas por un caso de femicidio.
En una entrevista publicada en el sitio de la Asociación Nacional de Fiscales, la persecutora Carolina Fuentes relató el camino para lograr la sentencia en contra del imputado Alberto Cañulaf Antilaf por su responsabilidad en la muerte de Diana López, su conviviente quien fue apuñalada en varias ocasiones. El tribunal dictaminó 20 años de presidio en contra del acusado.
El hecho ocurrió en junio de 2018 en la comuna de Peñalolén, impactando fuertemente en la comunidad.
La persecutora recordó que los inicios de esta causa, enmarcada en una serie de 6 femicidios continuos durante esa época, incluyendo el crimen que dio origen a lo que hoy se conoce como la Ley Gabriela. “En esos días, junio 2018, fue una semana de 6 muertes de mujeres en manos de convivientes o parejas. De hecho, cuando se formalizó (esta causa), al mismo tiempo se formalizó al responsable de la muerte de la joven Gabriela y su madre. Ese caso conmovió a la comunidad y dio origen a un cambio legal incluyendo al femicidio a quien mate a quien haya sido su polola”, indicó en la entrevista.
Sin embargo, en su causa, no hubo claridad desde un inicio, relata la fiscal Fuentes. “En un principio este hecho no tuvo la claridad de ser un homicidio y se catalogó como un posible suicidio según la versión del principal testigo, su conviviente”.
Luego de casi dos años y medio de investigación y a raíz de las diligencias e informe de autopsia se pudo concluir que ella había muerto en una agresión por cuatro puñaladas propinadas por su conviviente. La indagatoria unió todos los elementos como evidencias del sitio del suceso y un estudio criminológico que descartó el suicidio.
“En este caso, quedamos bastante satisfechos ya que la pena del femicidio parte desde los 15 años y un día de presidio y nosotros como fiscalía pedimos 20 años dando argumentación sólida para que no se considerara la pena mínima, sino que una más elevada, y así se otorgó”, destaca la persecutora.
Tanto la fiscal Carolina Fuentes como todas las fiscales especializadas en este tipo de causas buscan dar un mensaje a la ciudadanía de que todos los delitos cometidos en el contexto de violencia intrafamiliar se investigan en el Ministerio Público. Sin embargo, destaca el rol fundamental de las denunciantes.
“Requerimos de la colaboración de las víctimas. Es entendible en muchos casos, pero lamentablemente a veces vemos la retractación de ellas por distintos motivos. No solo por una reconciliación de por medio, sino que también por una dependencia económica que impide a las víctimas salir de los círculos de violencia y finalmente terminan desistiendo de las denuncias”, plantea la fiscal Fuentes.
Casos como el de la muerte de Diana López y muchas otras mujeres están siendo investigados bajo una perspectiva de género que se está insertando en el sistema y así lo reconoce Carolina Fuentes. “Creemos que estamos inmersos en una evolución positiva de la judicatura en ese sentido. Los tratados internacionales a los que está suscrito Chile nos obligan a ponernos en sintonía con esta evolución. En ese sentido creemos que los fallos de los tribunales de justicia irán incorporando esa perspectiva y es tarea de nosotros como fiscales proveer de aquellos elementos a la judicatura para que puedan resolver de mejor manera”, finaliza.
